El Gobierno del presidente Nayib Bukele propuso este martes a la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), una reforma constitucional para que se permita la cadena perpetua para "homicidas, violadores y terroristas".
La nueva redacción, que podría ser aprobada este mismo martes y posteriormente ratificada, establece que "la pena perpetua solo se impondría a los homicidas, violadores y terroristas", entre los que se incluye a los pandilleros.
Villatoro adelantó que también se incluye una serie de reformas al Código Penal, a la Ley Penal Juvenil, a la Ley Contra Actos de Terrorismo y otras secundarias "para homologar las leyes secundarias con el artículo 27, inciso segundo, de nuestra Constitución".
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que seguirán "cada uno de los pasos" para la reforma, que podría ser aprobada "hoy mismo" para su posterior ratificación.
"Vamos a recibir todas esas reformas penales que se necesitan para homologar" con la modificación constitucional y para que "sea posible en este país aplicar la cadena perpetua a los violadores, homicidas y terroristas", agregó Castro.
En enero de 2025, la Asamblea Legislativa ratificó una polémica reforma que permite cambios exprés a la Constitución en una misma legislatura, cuando anteriormente estas enmiendas necesitaban la votación de dos legislaturas diferentes.
Con esta enmienda, son necesarios 45 de los 60 diputados para aprobar y ratificar - en un mismo día - reformas, y con esta el partido gobernante ha avalado la elección presidencial indefinida, entre otros cambios a la Constitución.
La propuesta del Gobierno de Bukele para permitir las penas perpetuas llega a unos días de que El Salvador cumpla cuatro años bajo el régimen de excepción que se aprobó el marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país centroamericano que por años fue considerado como uno de los más violentos del mundo.
Bajo el régimen de excepción se han encarcelado a más de 91.300 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con esos grupos, y han muerto bajo custodia de agentes del Estado al menos 500 detenidos, lo que ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos
FUENTE: EFE