Rodríguez explicó que a la organización acuden extranjeros, con 20 y hasta 30 años de residir en Panamá, que han pagado impuestos, y que ahora que son adultos mayores, sufren carencias, son económicamente vulnerables y no tienen cómo regresar a su país, y en la mayoría de los casos nadie que los ayude.
“Respetamos las opiniones, no queremos entrar en discusiones, nos estamos basando en la Constitución”, manifestó Rodríguez resalta que lo que sugiere es que se haga un análisis de quien lo merece y quien no e incluso así como se cobran impuestos migratorios, se establezca uno para este tipo de ayuda y no afectar económicamente a Panamá.
El dirigente explicó que al cuando se dio la Jornada Migratoria, él propuso que al extranjero se le cobrara impuestos, lo cual fue aprobado, por lo que considera que esta petición puede analizarse.
La demanda de inconstitucionalidad, la cual será presentada después de Semana Santa, se basa en los Artículos 19 y 20 de la Constitución Política que establecen lo siguiente:
Artículo 19: No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Artículo 20: Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero ésta podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general. Podrán, asimismo, la Ley o las autoridades, según las circunstancias, tomar medidas que afecten exclusivamente a los nacionales de determinados países en caso de guerra o de conformidad con lo que se establezca en tratados internacionales. Rodríguez señala que precisamente se trata de un tema de privilegio que a su juicio no debería de ser, puesto que la Carta Magna indica que “todos somos iguales”.
La Ley 86 del 2010 que establece el programa 120 a los 65 inició dirigido a adultos mayores arriba de 70 años y posteriormente se bajó la edad. Actualmente beneficia a más de ocho mil adultos mayores en extrema pobreza, vulnerabilidad y que no reciben pensión ni jubilación.
La demanda que presentará el grupo será ante la Corte Suprema de Justicia contra la Ley 86.
FUENTE: Viola Guevara Gallimore
