El magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía rechazó este jueves la solicitud realizada por Sidney Sittón, parte del equipo legal del expresidente de la República, Ricardo Martinelli de concluir el plazo de la investigación en el caso de la compra de alimentos deshidratados.
En una audiencia de control posterior el magistrado Oydén Ortega, presentó los resultados obtenidos de una asistencia judicial a Brasil y pidió que se legalizaran las pruebas.
En ese sentido, Mejía determinó que esa asistencia judicial no está dentro de los actos que requieren control posterior o legalización por parte del juez de garantías.
Durante la diligencia el abogado Sidney Sittón solicitó al magistrado juez de Garantías que se diera por concluido el plazo de la investigación, "toda vez que ya pasaron los seis meses contemplados" en los artículos 291 del Código Procesal Penal “tomando en consideración que este caso inició el 28 de enero del 2015”. También solicitó evaluar el artículo 317 del Código Procesal Penal que trata sobre el plazo para solicitar audiencia de control de un acto de investigación, el cual no debe ser mayor de 10 días.
Petición que fue rechazada por el magistrado Mejía quien indicó que no se ha vencido el plazo de investigación porque el mismo se empieza a contar desde que se da la imputación de cargos y este trámite, no se ha dado.
"El plazo empieza a correr desde el momento en que hay una imputación... si no hay imputación, un fiscal puede quedarse investigando el tiempo que decida".
Por su parte, Ortega manifestó que el plazo no ha vencido "muy por el contrario se solicitó previamente a este momento la audiencia para imputar y tenemos muy claro, clarísimo esta etapa. Por eso pedimos la audiencia de imputación..., y no se puede contar ningún plazo porque no se le han imputado los cargos al investigado, momento a partir del cual entonces comienzan a correr los plazos de los artículos 291 y 292 del Código Procesal Penal por lo tanto rechazamos esa afirmación que hace la defensa".
Martinelli está fuera del país desde fines de enero del 2015, por lo cual no compareció personalmente en la audiencia, esté es investigado por las supuestas irregularidades en la compra de alimentos deshidratados por 44.9 millones de dólares a la empresa Lerkshore International, con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), en la pasada administración.
FUENTE: Odalis Núñez