De acuerdo con Araúz, es una medida de presión en las investigación que realiza el Ministerio Público por las supuestas irregularidades en la Caja de Ahorros durante la pasada administración.
Además señaló que no es el momento justo para el traslado de su defendido (Francolini), debido a que en estos momentos se encuentra sin resolver un habeas corpus.
Los exdirectivos de la Caja de Ahorros son investigados por supuestas irregularidades en un préstamo otorgado en el 2012 por el ente bancario al Consorcio HPC-Contratas P&V para la construcción del nuevo Centro de Convenciones de Amador.
FUENTE: Ricardo Richards