Catherine Perea

La Comisión de Credenciales recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional (AN) la ratificación de Abel Augusto Zamorano y Olmedo Arrocha, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Siete de los diputados que conforman la Comisión de trabajo votaron a favor de recomendar ambas designaciones: Elías Castillo, Mariela Vega, Alfredo Pérez, Juan Poveda, Jorge Rosas, Miguel Salas y Mayra González; mientras que los diputados Sergio Gálvez y Zulay Rodríguez votaron en contra.

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La decisión se tomó luego de casi seis horas de sesión de carácter permanente, que abrió pasada la 1:00 p.m, con el objetivo de escuchar la sustentación de las observaciones hechas por algunos ciudadanos en atención a las designaciones realizadas por el Ejecutivo en noviembre del año pasado, en reemplazo de Oydén Ortega y Alejandro Moncada Luna.

En medio de la extensa sesión, surgió una disputa entre los diputados. Según la diputada Rodíguez, en la sesión del 28 de febrero solo se había aprobado la metodología para escuchar la participación ciudadana, sin embargo, la mayoría votó a favor de una resolución para someter a votación la ratificación. La mayoría de sus colegas dijeron que se había aprobado el análisis de las designaciones luego de la participación ciudadana.

Zamorano fue designado como magistrado principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, y Arrocha fue designado como magistrado principal de la Sala Civil.

Estas designaciones fueron hechas por el Ejecutivo, luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional rechazó en enero del 2018 las designaciones de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak.

Sustentación ciudadana

A la Asamblea Nacional llegaron 51 observaciones sobre las designaciones de Zamorano y Arrocha, sin embargo, en la sesión de Credenciales, solo 13 ciudadanos sustentaron sus planteamientos.

Cada ciudadano contó con cortesía de sala de 10 minutos para hacer la sustentación, según una metodología establecida por la Comisión el pasado 28 de febrero, y en presencia de Zamorano y Arrocha.

El abogado Julio César Cubillas abrió la ronda de consultas. Durante su intervención, Cubillas se mostró a favor de la designación de Zamorano, al asegurar que éste cumple con la trayectoria profesional para ocupar el cargo. También se mostró a favor de la designación de Arrocha. Seguido, Guillermo Puga, secretario de la Confederación de Trabajadores de Panamá y Humberto Girón también apoyaron la designación de Zamorano.

Mientras que David Onésimo Gantes, de la Fundación para el Bienestar Social, apoyó la designación de Arrocha, pero también solicitó fuera ratificado Zamorano. Por su parte, el abogado Juan Antonio Cuan, se mostró a favor de la designación de Zamorano y el docente Alexander Valencia solicitó que ambas designaciones fueran al Pleno.

Las objeciones llegaron por parte de Pedro Montañez, Norma González, Freddy Pitty, Cristóbal Silva, Venero Reina y Roberto Rudas.

Montañez arremetió contra Zamorano por desatender un fallo de 2002 que concedía un permiso a moradores en San Miguelito para ocupar unos terrenos. En tanto González acusó a Arrocha de estar ligado a sociedades anónimas.

Pitty cuestionó la independencia Arrocha por sus vinculos con el oficialista Partido Panameñista, por fungir actualmente como funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, y por haber sido miembro de un a firma de abogados Arrocha, Blandón, Castro y Young, vinculada al candidato presidencial José Blandón.

Además, Pitty dijo que Arrocha fue abogado de la familia Varela en casos relacionados con el expresidente, Ricardo Martinelli, detenido en El Renacer.

Rudas, por su parte, cuestionó a Zamorano por su actuación en una de las audiencias al expresidente Martinelli en la Corte por el caso pinchazos, en cuanto al criterio que emitió sobre la competencia de esa esfera judicial en el caso.

Quirós, el último en exponer su observación, mencionó que Arrocha fue curador de la quiebra del caso Marc Harris.

Arrocha y Zamorano se defienden

Posterior a la sustentación ciudadana, los diputados ofrecieron cortesía de sala a Arrocha y Zamorano.

Arrocha dijo que no fue abogado de las personas vinculadas a las sociedades anónimas mencionadas por Norma González, y que solo fue suscriptor de las mismas.

También cuestionó a la Comisión de Estado por la Justicia, ya que según indicó, el Ejecutivo le encomendó la labor de servir como plataforma para mostrar observaciones, y no para emitir recomendadiones sobre los candidatos. Agregó que el Pacto de Estado no remitió los resultados de las pruebas psicométricas que se realizaron a los aspirantes a magistrados.

Sobre la firma de abogados de la cual Blandón es socio, Arrocha dijo que la misma fue constituida hace 20 años, "hace 20 años no sabía que iba a aspirar al cargo de magistrado de la Corte...no se me puede discriminar, es mi derecho aspirar al cargo".

Pos su parte, Zamorano respondió a los cuestionamientos sobre algunas de sus decisiones judiciales, "yo sería responsable si una decisión la tomo a título personal como juez unipersonal, pero no se puede reproducir la misma opinión cuando es un tribunal colegiado".

Dijo que la crisis en el sistema judicial no se puede enfocar solo en "nueve ciudadanos", en ese sentido, dijo que se debe asignar un mejor presupuesto al Órgano Judicial.

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