Panamá Nacionales -  2 de octubre 2019 - 12:01hs

Residentes de áreas revertidas denuncian ventas de tierras que son de dominio público

Tras la celebración de los 40 años de entrada en vigencia de los Tratados Torrijos - Carter, residentes de áreas revertidas denuncian que las tierras que corresponden a esta zona, están siendo mal utilizadas.

Gerónimo Espitia, explicó que cuando se firman los Tratados Torrijos - Carter había una perspectiva de darle mayor uso colectivo a estas tierras, dado que durante el tiempo militar entidades como la antigua Fuerza de Defensa, el Ministerio de Hacienda y Tesoro, y el de Vivienda, eran los que las manejaban.

Cuando empieza la democracia con el Gobierno del exmandatario panameño Guillermo Endara, se creó una comisión de alto nivel para que le diera al país la perspectiva de cómo estaban los bienes que revirtieron y qué se podía hacer en ese moemento.

Detalló que esta comisión recomendó: crear una institución responsable de todos estos bienes, y que mediante un plan de ordenamiento territorial se estableciera hacia dónde iba a ser el horizonte del desarrollo de las zonas revertidas, de ahí surge la antigua Red Interoceánica y la Ley 21 que ordena el territorio de la Zona del Canal.

Las áreas estaban regentadas por la Junta Directiva de la cual formaban parte actores de toda la sociedad, para tomar decisiones en conjunto. En el año 2000 se hizo un consenso y se establecieron medidas bajo la Ley 21, dividiendo esta zona en: viviendas, comercios e industrias, áreas protegidas y áreas de operación del canal.

Esta ley habla del dominio público, estableciendo que estas tierras no pueden ser pasadas a terceros.

Sin embargo, de acuerdo con Espitia, la administración pasada de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), le entregó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo la administración de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR): 682 hectáreas que son parte de operación del canal, que están dentro la cuenca.

“Parte de esas 682 hectáreas, se les vendió a Grupo Sílaba para la construcción de estacionamientos de autos”, indicó Espitia. “Ahí está la línea del Metro, está la línea de alta tensión de la ACP, está un tanque de agua potable, río sanitario que no se puede utilizar... y de acuerdo con la Ley 21 son de dominio público, por lo que no pueden ser parte de ese proyecto. Además se está poniendo en el mercado unas tierras que no tienen condición de una normativa que le permita ser atendida por el mercado, y no han sido sacadas del concepto de dominio público”, explicó.

"Tenemos una nota en donde el licenciado Navas, que está en una unidad de investigación del Canal, le pidió al MEF que le explique cómo está la situación de las áreas revertidas en concepto de desarrollo y no le dicen que es de dominio público", señaló.

"Años atrás, cuando salió el problema de la deforestación de tierras, la Autoridad del Canal dijo que esas tierras no eran de ellos, pero dentro de la ley dicen que son para operación del Canal", agregó Espitia.

Ante esto, proponen el cumplimiento de la ley para defender la integridad del Canal de Panamá, dado que esas 682 hectáreas debieron pasar a los bosques de Camino de Cruces o al Parque Soberanía.

Mencionó que estas tierras al estar dentro de la Cuenca del Canal y de Miraflores, afectando el agua. “Eso nos quita competencia y capacidad en el mercado de traer barcos más a la navegación. Si vamos a destruir el recurso que nos permite retener agua, estamos poniendo en riesgo nuestra economía”, concluyó.