La audiencia contra un comisionado de la Policía Nacional y un fiscal del Ministerio Público, por los supuestos delitos contra la libertad e inviolabilidad de domicilio, fue reprogramada para el próximo 17 de enero del año en curso.
La diligencia está relacionada a una denuncia interpuesta por la joven Ana Laura Fernández, por hostigamiento por parte del comisionado Roberto Castillo e irregularidades en su proceso.
Fernández relató que todo surgió en el 2014 cuando se encontraba en su residencia en el sector de San Antonio y una de sus vecinas reclamó que el auto de su padre se encontraba estacionado en una isleta que pertenecía a la familia del oficial, la cual terminó en golpes.
En las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, la fiscal Leyda Saénz, explicó que la audiencia fue suspendida hoy, por inasistencia de un defensor particular de uno de los acusados.
Agregó que está pendiente de juicio oral debatir aspectos relacionados con la culpabilidad de dos servidores públicos (el comisionado Castillo y a un fiscal).
A su salida de la diligencia, Castillo expresó que su abogado tiene conocimiento de lo actuado, “él puede dar fe que se actuó en derecho en todo este caso”. Sostuvo que se encuentra a espera de la audiencia correspondiente para aclarar que solo fue un encargado de cumplir la orden de una jueza de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), era mi deber en “ningún momento fuimos arbitrarios, injustos, ni ilegal”. Al ser consultado sobre cuál fue la orden en ese momento que debía acatar, el Comisionado suspendido expresó que se le ordenó “capturar a unos delincuentes que estaban condenados por un delito de maltrato a menor”.
Fernández estuvo detenida en el Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere) por el delito de maltrato al menor, luego que la nieta de la vecina, en ese entonces con 13 años de edad, la agredió. Posteriormente su esposo salió y logró detener la pelea.
