Corte Suprema de Justicia

EFE

A la Justicia en Panamá le urge recuperar la confianza de los ciudadanos, y ha dado un primer paso en ese camino con la decisión de la Corte Suprema de someter a los procesos establecidos en la Ley de Carrera Judicial (2015) el nombramiento de los jueces de tribunales superiores, dijeron expertos a Efe.

La medida adoptada esta semana por el pleno de la Corte Suprema y que afecta a más de 30 magistrados de tribunales superiores y de apelaciones, ha sido asumida como una iniciativa para fortalecer la independencia de la Administración de Justicia y poner fin a la interinidad y a los nombramientos "de a dedo" en cargos judiciales.

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La Justicia panameña está en el ojo del huracán desde hace varios años, cuestionada por lo tardío de sus sentencias y por escándalos que incluyen acusaciones de venta de fallos y presiones políticas contra los magistrados del Supremo, e ineptitud y selectividad por parte del Ministerio Público.

Los llamados casos de alto perfil, como la investigación a la constructora brasileña Odebrecht y su trama criolla "Blue Apple", o el juicio por escuchas ilegales al expresidente Ricardo Martinelli (2009-1014) han atizado el fuego, en algunos casos porque las investigaciones no avanzan y en otras por lo polémico de los fallos.

En ese contexto, el anuncio de finalmente echar mano de la Carrera Judicial, una ley vigente desde 2015 que establece el principio de selección por méritos y demostración de competencias para el nombramiento de cargos como jueces, es un "golpe de timón" que apunta al fortalecimiento de la eficacia y la independencia del sistema de justicia.

Un paso hacia la independencia a la administración de justicia

El constitucionalista y catedrático Ernesto Cedeño dijo a Efe que lo decidido por la Corte "es un paso en la dirección correcta, porque lo que están pidiendo muchos ciudadanos es que todos los cargos (en el sector judicial) se escojan por concurso de méritos y que gane el más calificado".

El catedrático afirmó que "eso de cargos interinos" tanto en el Órgano Judicial como en el Ministerio Público "debilitan la independencia" de la Administración de Justicia.

"Creo que vamos por buen camino. Ojalá que en todo el Poder Judicial, en todo el Ministerio Público, los cargos sean por concurso de mérito y que tengan permanencia. Eso le dará oportunidad al juzgador y al investigador de tomar determinaciones no por temor a que lo evaluará el que lo nombró, sino por temor a la Ley", remarcó Cedeño.

La autodepuración del sistema con el Tribunal de Ética

Juan Carlos Arauz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), destacó a Efe que es importante para la Administración de Justicia que "desaparezca todo cargo en interinidad", y que quien logre permanencia "la adquiera justamente por evaluaciones a su desempeño, reconocimiento a sus méritos y por su recorrido a favor de la Justicia".

Arauz opina que a la par con este reto se impone "la autodepuración del sistema con el tribunal de ética y transparencia" contemplado en la norma.

"Si bien es un avance" el nuevo proceso para designar a los jueces de tribunales superiores, "la prioridad debiese ser la implementación efectiva del tribunal de ética y transparencia, para disipar dudas del funcionamiento actual de muchos despachos" judiciales, resaltó el presidente del Colegio de Abogados, un gremio que está dispuesto a "auxiliar" en esta tarea "colectiva".

Un proceso que exige transparencia

Annette Planells, activista de la sociedad civil y miembro del Movimiento Independiente (Movin), dijo a Efe que este es un primer paso legal adoptado por la Corte Suprema, pero fue enfática en la necesidad de que el proceso sea transparente.

Planells indicó que como "la confianza de los ciudadanos se ha perdido totalmente, es vital que todo este proceso (de someter a la Ley de Carrera Judicial los cargos en los tribunales) se haga lo más transparente posible, siguiendo los pasos establecidos en la norma".

Otro punto importante para la activista es que lo se ha resuelto hacer con dichos cargos en tribunales superiores se aplique también "a todos esos jueces que han sido nombrados de forma interina, sobre todo en el Sistema Penal Acusatorio, más de 600 que fueron nombrados prácticamente de a dedo por los magistrados" del Supremo.

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