El director de Relaciones Gubernamentales y Públicas de Panama Ports Company, empresa subsidiaria de Hutchinson Port Holdings, Alejandro Kouruklis, manifestó a Telemetro Reporta que durante los 23 años que llevan de administrar los puertos de Cristóbal y de Balboa, le han entregado al Estado panameño unos B/.430 millones en pagos directos.
"Esos mil 500 millones de dólares que se han invertido han sido generados precisamente por el movimiento de carga que antes no venía a Panamá, pero que ahora sí viene gracias a esas modernizaciones, ese dinero se ha reinvertido y además se hacen pagos directos al Estado, contrario a lo que se dice, la empresa ha pagado 430 millones de dólares en forma directa al Estado", manifestó.
Sobre los dividendos que ha pagado al Estado, a través del 10% de las acciones que Panamá posee, en 23 años Kouruklis señaló que se le han dado B/. 8 millones, pero destacó que de firmarse la nueva concesión de 25 años más, la cual se debe dar de manera automática tras la revisión de beneficios, este pago podría incrementarse.
Kouruklis fue enfático en indicar que ninguna otra empresa portuaria paga dividendos al Estado, pero indicó que ese no es el mejor negocio para Panamá, ya que lo mejor para el país es que Hutchinson invierta en el país y a medida que se mueven contenedores se paga al Estado.
Manifestó Kouruklis que en un inicio no había interés en mover contenedores, pero al cambiarse esta dinámica se le paga al Estado 15 dólares por movimiento de un contenedor lo que genera al mes 1.5 millones de balboas y al año se paga alrededor de 20 millones de dólares.
Por otro lado, destacó que Panama Ports no le ha pedido al Estado una indemnización por el paso del Cuarto Puente, lo que se hizo fue ponerle en conocimiento al Gobierno que el diseño de esta construcción pasaría el Muelle 6 donde pasa toda la carga que es necesaria para la industria agropecuaria de todo el país y se calculó el perjuicio para que el Gobierno fuera donde el contratista y se modificara el diseño para que no causara daños a la economía del país.
"Se iba a causar perjuicio por unos B/. 68 millones, pero jamás la empresa iba a recibir dinero por eso, entonces lo que se pedía era la modificación del diseño que el Ministerio de Obras Públicas lo logró", señaló Kouruklis.