La Comisión de Gobierno aprobó en primer debate el proyecto de Ley 239 que adiciona y modifica artículos de la Ley 53 de agosto de 2015 que regula la Carrera Judicial

Nimay González

La Alianza Ciudadana Pro Justicia emitió este martes un comunicado en el que solicita a la Asamblea Nacional que se suspenda el debate al proyecto de Ley No. 239 que adiciona y modifica artículos de la Ley 53 de agosto de 2015 que regula la Carrera Judicial.

Publicidad

Según indica, esta iniciativa de ley pretende que todos los funcionarios judiciales que tengan tres años o más en sus puestos ingresen al régimen de Carrera, es decir que quienes ingresaron sin concurso de méritos todos los funcionarios que fueron nombrados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, violando la Constitución y la Ley, incluidos algunos nombramientos que han sido rechazados por varios sectores del país, al haber recaído en asistentes y personas cercanas a los magistrados de la Corte.

Señala que cualquier revisión o reformas de la Ley de Carrera Judicial debe ser hecha bajo el liderazgo del Consejo Judicial, la Comisión de Estado por la Justicia, donde participen el Colegio Nacional de Abogados y organizaciones de la sociedad civil.

“No vamos a permitir que de premie el tráfico de influencias, el oportunismo y el juega vivo. Exigimos concursos por méritos y respeto a la Ley de Carrera Judicial y la Constitución”, enfatiza la Alianza Ciudadana, agregando que “toda discusión y aprobación de leyes que afecten los derechos humanos y la institucionalidad democrática debe ser postergada hasta tanto, tengamos las condiciones para la real participación ciudadana, hacer lo contrario estaría sentando precedentes contrarios a un estado de derecho”

Por otro lado cuestiona la aprobación de este proyecto en primer debate el lunes 23 de marzo por parte de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, al darse en medio de una cuarentena decretada ante la pandemia del COVID-19.

“No podemos permitir que el escenario de emergencia ante el COVID-19 se preste para profundizar la corrupción, el irrespeto a la institucionalidad, ni tampoco él abuso de poder hacia las personas más débiles. Queda claro que el momento actual exige al Estado velar por la salud del pueblo panameño, pero también de todos los demás derechos que permiten vivir en democracia”, puntualiza la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Cabe mencionar que este martes la Magistrada Presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, presentó ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional una nota mediante la cual, el Órgano Judicial, emite concepto en cuanto a este proyecto, luego de que así lo solicitara el presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, Leandro Ávila.

Se remitió el concepto a través de un: “cuadro de 18 páginas en el que plasmamos detalladamente el análisis correspondiente, que deja consignada la inconsistencia de este proyecto con las recomendaciones de las consultorías efectuadas por organismos nacionales e internacionales, apoyadas en su momento por la sociedad civil y este Órgano del Estado Panameño, para lograr la aprobación de la Ley 53 de 2015, luego de una década de esfuerzos sostenidos con el propósito de dotar a la judicatura de un estatuto que provee a nuestra institución de los mecanismos y herramientas que garantizan que los procesos de recursos humanos se desarrollen fundamentados en la competencia e idoneidad ética y técnica de todos sus miembros”, indicó la misiva entregada por la Honorable Magistrada.

Publicidad