El procurador de la administración, Rigoberto González

Catherine Perea

El procurador de la administración, Rigoberto González ha tramitado 8 expedientes por denuncias contra funcionarios por supuestas irregularidades en procesos relacionados con la pandemia del COVID-19.

Estas denuncias contienen supuestas conductas que se relacionan con sobrecostos para la adquisición de artículos, ventas de títulos valores, irregularidades en licitaciones y aplicación de normas legales, incumplimientos de deberes y acosos laboral.

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Una de estas investigaciones guarda relación con el Hospital Modular Panamá Solidario.

González acogió una denuncia contra el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, luego que trascendió que el Gobierno rechazó una propuesta de una empresa china para convertir temporalmente el Centro de Convenciones de Amador en un hospital de nivel 1 para pacientes con COVID-19.

De acuerdo con el procurador González, dentro de esta investigación, se han solicitado varios informes al Ministerio de Obras Públicas, Autoridad de Turismo y el Ministerio de Salud, y pidió a la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos una información adicional.

El procurador de la Administración también investiga supuesto incumplimiento de las normas de transparencia en relación con la propuesta de venta de títulos valores del subsistema de beneficio definido del programa de Invalidez, Vejez, y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).

Se inició de manera oficiosa una investigación sobre posibles irregularidades que involucran a tres integrantes de la Junta Directiva de la CSS, quienes viajaron a México para conocer sobre el sistema de almacenamiento y distribución de medicamentos en instituciones públicas.

Además, se tramita una investigación por supuesto sobrecostos para la adquisición de mascarillas en el Hospital Santo Tomás. Sobre esta, González indicó que el presidente delegado del patronato de ese nosocomio deberá remitirle un informe detallado y explicativo sobre esa compra.

Se recibieron otras denuncias contra dos facultativos de la CSS por supuesta inobservancia en la atención de un paciente que falleció; una queja contra el director de relaciones públicas de la región metropolitana de Salud por presunto acoso laboral; una queja contra funcionarios del Minsa por presunta falta de sustento legal al levantar o mantener las restricciones sobre áreas comunes de propiedad horizontal, y una denuncia contra la dirección de Contrataciones Públicas, relacionada con el manual de procedimiento para compras en Estado de Emergencia.

Estas investigaciones preliminares tienen por objetivo acreditar elementos que permitan determinar si las mismas pueden llegar a constituir responsabilidad disciplinaria atribuible a algún servidor público.

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