Diego Quijano, presidente de la Corporación La Prensa

Teiga Castrellón

El presidente de Corporación La Prensa, Diego Quijano manifestó esta mañana en conferencia que ya se consignó la fianza de un millón 130 mil dólares en el Juzgado Décimoquinto y se realizó la petición del levantamiento del secuestro realizado a sus acciones y cuentas bancarias por Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), relacionado a una demanda civil presentada por este expresidente de Panamá hace ocho años.

Quijano sostuvo, en este encuentro con los medios, que esta acción es un golpe fortísimo contra el periodismo investigativo, ya que con esta acción se pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión, la operatividad del medio y el pago de los honorarios de más de 240 colaboradores de los medios La Prensa y Mi Diario.

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Los directivos de La Prensa indican que esta consignación no asegura que el levantamiento de la fianza se dé, en vista de que en téminos legales eso podría tomar su tiempo. Ante esto buscarán mecanismos alternos para sustentar su operatividad.

“Esta acción judicial no es contra La Prensa, es una amenaza contra cualquiera que se oponga al abuso de poder. ¿Por qué el caso se activa siete años después de estar cogiendo polvo en los anaqueles del Estado, tan solo unos meses después del cambio de Gobierno?”, es lo alarmante según Quijano.

Sobre el caso Rita Vásquez, directora del diario La Prensa, señala que esta demanda viene desde el 2012, tras las publicaciones que hiciera el medio sobre la investigación de blanqueo de capitales sobre el exmandatario en las que utilizaron como fuente original al Ministerio Público y afirma que luego el periódico buscó a Pérez Balladares, pero éste se negó a darle declaraciones, pero sí se publicó la aclaración de su abogado a través de un comunicado y dos noticias posteriormente, con lo que se da por sustentada la publicación aclaratoria del error que cometió la fiscalía en ese momento.

El presidente de Corporación La Prensa acotó que ésta enfrenta en estos momentos 12 demandas civiles y 22 querellas penales, y entre todos los demandantes reclaman B/.84 millones; señalando que si cada uno de estos solicitara una medida de secuestro y la justicia panameña se las aprobara definitivamente la operatividad del medio se anularía y se le pondría un cepo definitivo a su expresión como medio de comunicación.

Cabe recordar que esta demanda civil no tiene un fallo, se encuentra en primera instancia y en lo que se refiere a la admisión de pruebas, por lo que aún no se puede elevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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