La ley se aplicará a empresas que cerraron total o parcialmente sus operaciones desde el inicio del estado de emergencia nacional y a trabajadores cuyos contratos han sido suspendidos

Catherine Perea

El mandatario panameño, Laurentino Cortizo sancionó la Ley 157 de 3 de agosto de 2020 que establece medidas temporales de protección de empleo en las empresas afectadas por el COVID-19.

La ley se aplicará a empresas que cerraron total o parcialmente sus operaciones desde el inicio del estado de emergencia nacional y a trabajadores cuyos contratos han sido suspendidos en este periodo, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

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De acuerdo con el documento, el empleador podrá reiniciar su actividad económica progresivamente reintegrando de forma gradual a sus trabajdores con contratos suspendidos, tomando en consideración las recomendaciones del Comité Especial de Salud e Higiene.

Se prohíbe la contratación de nuevos trabajadores en igual o similar posición a la de un trabajador suspendido. Solo se permitirá la contratación de nuevos trabajdores si las empresas requieren nuevos puestos de trabajo.

Los trabajadores que no sean reintegrados con la reapertura de las empresas, mantendrán sus contratos suspendidos hasta que sean reintegrados. Las suspensiones de contratos de estos trabajadores podrán ser prorrogadas mes a mes hasta el 31 de diciembre de 2020.

Sobre el pago de la segunda partida del décimo tercer mes del 2020, la ley señala que los trabajadores que no hayan laborado entre el 15 de abril y el 15 de agosto, por razón de la suspensión de sus contratos tendrán derecho a percibir un bono, que será determinado por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

Para los empleados que trabajaron ininterrumpidamente en el mismo periodo de tiempo recibirán el pago de acuerdo al Decreto de Gabinete N° 221 de 18 de noviembre de 1971, a cargo de su empleador, es decir, en un solo pago el día 15 de agosto de 2020.

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