La persona que haga la revelación de una información de interés público estará bajo la protección estatal

Linda Batista

Este miércoles fue aprobado en primer debate el proyecto de Ley 192 por el cual se adoptan medidas para la protección de quienes contribuyan a prevenir, investigar o sancionar la corrupción.

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Según el documento, la persona que haga la revelación de una información de interés público estará bajo la protección estatal, mientras la autoridad competente para recibir y tramitar la misma considere que actúa de buena fe y sin tergiversar o falsear la información revelada. 

Entre las medidas de seguridad a favor del denunciante se incluye:

  1. La persona protegida tendrá un fuero laboral que impedirá que sea destituida, trasladada o en cualquier forma, desmejorada en sus condiciones laborales como consecuencia de la divulgación realizada.
  2. Mantener reserva de la identidad y generales de la persona protegida cuando así sea solicitado por ésta, sin afectar el debido proceso y el principio de contradicción.
  3. Otorgar protección policial a la persona protegida e incluso, a sus familiares cercanos, cuando así se estime conveniente.
  4. Cuando existan serios indicios de amenazas a la integridad física de la persona protegida o de sus familiares cercanos como consecuencia de su colaboración con las autoridades, se podrán medidas para cambiar sus documentos de identidad o facilitar su traslado a otro domicilio, dentro o fuera del país, según la gravedad de las circunstancias.
  5. Cuando la persona protegida haya participado en los actos revelados y tenga algún grado de responsabilidad en los mismos, la autoridad judicial o administrativa que determine las responsabilidades legales deberá considerar como atenuante su colaboración, siempre que haya sido oportuna y previa al inicio de un proceso en su contra. 

La iniciativa establece que cuando se compruebe que la persona protegida ha actuado de mala fe, buscando, esta quedará obligada a indemnizar a la persona o personas afectadas por su acción.

Asimismo, la persona protegida tiene una lista de deberes que tendrá que cumplir, como coadyuvar con la autoridad competente a efectos de comprobar efectivamente los hechos por ella revelados, colaborar con las autoridades encargadas de garantizar su seguridad, entre otras obligaciones.

Con esta iniciativa se busca, entre otras cosas, acatar la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada por Panamá, que insta al Estado a crear sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.

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