El Proyecto de Ley 23, aprobado en su tercer debate en la Asamblea Nacional, establece un marco legal para regular el pago de liquidaciones a directivos de empresas estatales, cerrando una importante fuga de dinero del erario público, que según estimaciones podría alcanzar hasta un millón de dólares.
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¿Qué adiciona la Ley 23 aprobada en la Asamblea Nacional?
La Ley 23, que adiciona disposiciones a las leyes orgánicas que regulan estas empresas, fue producto de las reuniones de la Mesa Técnica promovida por la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional. El proyecto regula las prestaciones laborales de funcionarios como el gerente general, subgerente general y auditor interno, limitando los pagos que pueden recibir al concluir su periodo o cuando sean reemplazados, dado su estatus como servidores públicos de libre nombramiento y remoción.
Exclusión de indemnizaciones para altos directivos
La diputada Adriana Coba, promotora de la ley, destacó que el proyecto está a un paso de ser sancionado por el Ejecutivo, lo que pondrá fin a la práctica de altos directivos de empresas estatales que han estado cobrando indemnizaciones por liquidaciones, sin formar parte de los acuerdos alcanzados con los trabajadores regulares o de planilla. La norma establece claramente que estos directivos, nombrados por un periodo concurrente con el quinquenio presidencial, no tendrán derecho a tales indemnizaciones al concluir su designación.
Eliminación de desigualdades laborales
El proyecto también adiciona disposiciones para reconocer el derecho de estos directivos a recibir los pagos correspondientes al décimo tercer mes y vacaciones de manera proporcional, pero elimina la posibilidad de que reciban liquidaciones o indemnizaciones al finalizar su periodo o ser reemplazados. Esto busca evitar el pago de cifras desorbitadas que en algunos casos ascendían a más de 300 mil balboas por conceptos de prestaciones laborales a funcionarios de alta gerencia.
La iniciativa se presenta como una medida para reducir la desigualdad entre los trabajadores regulares y los directivos de empresas estatales, poniendo fin a una práctica que resultaba en un uso excesivo de los fondos públicos.