El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de ley 21-25, que subroga la Ley 9 de 20 de junio de 1994 y establece una profunda transformación en la Carrera Administrativa.
La iniciativa contempla la creación del Instituto Nacional de Administración Pública, dentro de la Dirección General de Carrera Administrativa, como entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia con autonomía técnica y funcional, cuyo objetivo será garantizar la profesionalización, transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos humanos del sector público.
Actualmente, solo un 5% de los funcionarios públicos (13,086 de un total de 260,000) cuentan con estatus de Carrera Administrativa. El diagnóstico también revela que el 87% de los servidores en puestos de carrera no tienen ese reconocimiento formal, lo que limita evaluaciones y procesos de ascenso. La reforma busca corregir estas inequidades, consolidar la estabilidad laboral y asegurar que el ingreso y la movilidad se basen en el mérito.
Gabinete aprueba ley que moderniza la Carrera Administrativa en Panamá
El proyecto fue consensuado con organizaciones de trabajadores y busca aplicar principios de mérito, equidad, inclusión, legalidad y eficiencia, contribuyendo a un Estado más profesional y al fortalecimiento de la confianza ciudadana.
Entre sus objetivos destacan:
- Establecer concursos públicos como mecanismo obligatorio y riguroso de ingreso y movilidad.
- Implementar un Sistema Integrado de Recursos Humanos del Estado Panameño.
- Crear un sistema moderno y universal de evaluación del desempeño.
- Garantizar la permanencia en el servicio público con base en mérito, resultados y aporte al interés general.
Proyecto que moderniza la Carrera Administrativa
El texto incorpora aportes de la Mesa Técnica Interinstitucional, en la que participaron entidades como el MEF, la Procuraduría de la Administración, la AIG, la ANTAI y la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia. También recoge la propuesta elaborada en mesas de trabajo convocadas por el diputado Roberto Zúñiga, con la participación de Fenasep, Conato, la Universidad de Panamá, la Cámara de Comercio y representantes del Ejecutivo.
De acuerdo con el Ejecutivo, esta reforma cierra la puerta a prácticas clientelistas y nombramientos políticos, y asegura que el Estado cuente con servidores públicos preparados, estables y comprometidos con los intereses del país. El proyecto de ley será remitido a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación.