La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Keila Martínez, admitió la sustitución de la medida cautelar personal de arresto domiciliario de la ciudad de Panamá hacia el distrito de Chame para un contratista de 72 años imputado por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado.
La decisión se adoptó durante una audiencia realizada la mañana del viernes 13 de marzo de 2026, luego de que la defensa pública solicitara el traslado domiciliario con el objetivo de facilitar los traslados del imputado a sus citas médicas y tratamientos de quimioterapia.
Juzgado accede a solicitud de arresto domiciliario
Tras escuchar los argumentos de las partes, la juzgadora accedió a la solicitud al considerar el carácter humanitario de la petición, sustentándose en los artículos 12, 238 y 240 del Código Procesal Penal, que establecen la excepcionalidad en la aplicación de medidas cautelares.
La jueza explicó que la decisión también toma en cuenta que el Tribunal Superior de Apelaciones ya había valorado previamente la situación médica del imputado.
No obstante, la autoridad judicial enfatizó que se mantienen vigentes los riesgos procesales y el resto de las medidas cautelares personales impuestas dentro del proceso.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Lilianeth Saldaña, mientras que la defensora pública Denisse Ruiz Centella asumió la representación legal del imputado.
En representación de las víctimas y como querellante por parte del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), participó la abogada Navila Bravo.
Investigación por contratos no ejecutados
Los hechos investigados se remontan al año 2016, cuando a una empresa contratista vinculada al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible se le adjudicaron cuatro contratos para la construcción de unidades sanitarias en el corregimiento de Portobelillo, distrito de Parita.
De acuerdo con las investigaciones, estos proyectos no fueron ejecutados, lo que habría provocado una lesión económica al Estado estimada en 177 mil dólares.
El proceso judicial continúa mientras las autoridades mantienen las medidas cautelares contra el imputado.