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Criptomonedas en Panamá: ¿Por qué fue remitido a la corte? 

Luego de realizar cambios al proyecto de ley de Criptomonedas, el Órgano Ejecutivo envió a la Corte Suprema de Justicia, las razones se las explicamos.

Es importante mencionar que se entiende en Panamá que cuando algo se declara inexequible, significa que legalmente no se puede ejecutar.

Durante el pasado jueves 26 de enero, el Órgano Ejecutivo envió a la Corte Suprema de Justicia el proyecto de ley 697 de 2021, que regula la Comercialización y Uso de Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y dicta otras disposiciones, para que esta instancia del Estado decida lo que corresponda.

El proyecto de ley 697 de 2021, regula la comercialización y uso de activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales El proyecto de ley 697 de 2021, regula la comercialización y uso de activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales

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Entre las consideraciones que hizo el Ejecutivo al objetar el proyecto de ley remitido a la Asamblea Nacional según explica el documento, se precisa que la iniciativa legislativa requiere "adecuación" a las normas que regulan el sistema financiero y el modelo monetario panameño.

El termino adaptación dentro de una normativa significa la modificación a un nuevo marco normativo.

Futuro del proyecto de ley de Criptomonedas en Panamá

Este proyecto de ley, fue presentada ante la Asamblea Nacional durante el año 2021, luego de su aprobación en tercer debate por el órgano Legislativo durante su sesión ordinaria del 28 de octubre de 2022, tras presentarse una nota de objeción formulada al mismo, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, fue aceptada por el parlamento.

Es allí donde el Órgano Ejecutivo la remite para su sanción, el pasado 18 de enero de 2023, ahora estará en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su revisión y eventual aprobación luego de haber sido objetado por el Ejecutivo por considerarlo violatorio de preceptos fundamentales de la Constitución y por haber sido aprobado mediante un procedimiento inadecuado.