La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá creó la Comisión Integral e Institucional encargada de organizar, elaborar y aplicar el examen profesional de acceso al ejercicio de la abogacía.
Antes de esta modificación legal, el examen profesional era obligatorio para obtener la idoneidad y su aplicación estaba a cargo de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Con la sanción de la Ley 500, en noviembre de 2025, el examen dejó de ser obligatorio. Además, su aplicación pasó a ser opcional y quedó bajo la responsabilidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.