El Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Ley 10-26, una iniciativa que introduce modificaciones al Texto Único de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997 con el propósito de fortalecer el marco regulatorio del servicio público de electricidad y reforzar la protección de los consumidores.
Proyecto del Gabinete busca reforzar los derechos de los usuarios
La iniciativa plantea una serie de cambios orientados a equilibrar la relación entre las empresas distribuidoras y los clientes del servicio eléctrico.
Entre las medidas contempladas se encuentran plazos definidos para la atención de reclamos, el reconocimiento de créditos a favor de los usuarios cuando las distribuidoras incumplan las normas de calidad y nuevas herramientas regulatorias para fortalecer la supervisión por parte de las autoridades competentes.
Además, incorpora disposiciones destinadas a garantizar una mayor transparencia en la información que las empresas suministran a los clientes.
Usuarios podrán recibir compensaciones por incumplimientos
Uno de los aspectos destacados del proyecto establece mecanismos para que las multas impuestas a las empresas distribuidoras se hagan efectivas y que los recursos derivados de esas sanciones beneficien directamente a los usuarios afectados.
La propuesta busca asegurar que los consumidores cuenten con mayores garantías frente a fallas en la prestación del servicio y que existan consecuencias concretas para las empresas que incumplan los estándares establecidos.
Preparan el sistema para futuras concesiones
El documento también contempla medidas orientadas a fortalecer la competencia de cara a la renovación de las concesiones de distribución eléctrica prevista para 2028.
Asimismo, refuerza las reglas relacionadas con la calidad y continuidad del suministro, con el objetivo de que el sistema cuente con mejores mecanismos para prevenir, fiscalizar y responder ante interrupciones del servicio.
Más apoyo para la electrificación rural
En materia de acceso a la energía, el proyecto incorpora la participación de las empresas distribuidoras en las labores que desarrolla la Oficina de Electrificación Rural (OER).
Esta medida busca facilitar la expansión del servicio hacia comunidades de difícil acceso y donde los costos de conexión resultan más elevados.
Iniciativa pasa a la Asamblea Nacional
Tras recibir el aval del Consejo de Gabinete, el Proyecto de Ley 10-26 será remitido a la Asamblea Nacional para su discusión y eventual aprobación.
La Secretaría Nacional de Energía señaló que la propuesta forma parte de los esfuerzos para modernizar el marco regulatorio del sector eléctrico, promover un mejor servicio para los usuarios y garantizar una tarifa que refleje los costos reales del sistema.
