Aunque Panamá no cuente con una ley de conflicto de interés en el servicio público, no significa que este tema no esté regulado, aclaró la exprocuradora general de la Nación y exdiputada, Ana Matilde Gómez.
Gómez recordó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información contempla el conflicto de interés y la obligación de las instituciones de establecer sus códigos de ética.
Además, indicó Gómez, se estableció desde 2004 un código uniforme de ética de servidores públicos que rige de manera obligatoria a todo el servicio público y empresas que tienen mayoría de participación accionaria del Estado.
Sin embargo, explicó, mediante una ley se tendrían los mecanismos para prevenir el conflicto de interés.
“No es que en Panamá no existe regulación sobre el conflicto de interés. lo que parece es que hay un comportamiento tan laxo por esos sistemas viciados, no pasa nada ... la ley no tienen como intención que no ocurran los hechos, es tratar de prevenirlos, llevar un seguimiento y fiscalización adecuada y sanción oportuna en el momento que se identifique”, sostuvo Gómez.
En 2018, Gómez entonces diputada independiente, presentó un proyecto de ley para regular el conflicto de interés en el sector estatal.
Actualmente, reposa en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley N° 329 que regula el conflicto de interés en el servicio público, presentado en septiembre de 2019 por el diputado Gabriel Silva y que está pendiente de segundo debate.
El tema ha tomado relevancia a raíz de la separación de sus cargos de jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud y jefa de Salud respectivamente de Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang por su vinculación a una empresa que se encargaba de realizar hisopados para viajar a Isla Taboga y Contadora.
Por este caso la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) inició una investigación por supuesto conflicto de interés en la contratación de esta empresa-