El abogado Fernando Carreira, quien representa a la Asociación de Armadores Panameños (Arpa), habló sobre el estado en el que se encuentra el proyecto de ley 598 que regula el cabotaje y las actividades de Comercio interior en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá.
"Una vez que llegó (el proyecto) a la Asamblea, la comisión, presidida por el diputado Ábrego, lo envió a una subcomisión que presidió el diputado Pineda y en esa subcomisión se celebraron audiencias públicas, no solamente en el escenario de la Asamblea sino en el Parlatino, en donde concurrimos las partes interesadas en ese proyecto y después de varias audiencias públicas, después de intercambio de todas las opiniones el proyecto fue aprobado por la Asamblea, lo que ha ocurrido desde entonces es un poco algo misterioso, podemos decir, ya que algunos funcionarios públicos han sido sorprendidos, y me refiero específicamente al ministro de Comercio y a la dirección de la ARAP (Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá), ya que después que el proyecto llega a la Presidencia de la República de repente comienzan a aparecer escritos, notas pidiéndoles al presidente de que no sancione esa ley", señaló el jurista.
Según Carreira las notas enviadas al presidente van dirigidas en contra del artículo más conflictivo de la ley, en el cual se reserva el tema de cabotaje para un 75% de propiedad de panameños y destaca que esto surge para proteger los intereses de algunas empresas extranjeras que operan en Panamá y vienen de países en donde ningún panameño puede ejercer alguna actividad similar, ya que allá si están restringidas para sus nacionales.
El abogado indicó que hay empresas extranjeras que no pagan el seguro social a sus trabajadores y operan con algunas ventajas incumpliendo las legislaciones laborales panameñas; y acotó que están siendo defendidas por funcionarios que estuvieron de acuerdo con las discusiones públicas que se hicieron sobre este proyecto de ley.