El Órgano Judicial aclaró que la funcionaria, que fue recientemente imputada dentro de la Operación Damasco por su vinculación a una organización criminal, permanecía de licencia sin sueldo desde el 2016, y "en ningún momento tuvo acceso ni le fue asignado caso penal alguno”, según la entidad.
“A partir del 2016 la funcionaria hizo uso de su derecho a ser beneficiada con una licencia sin sueldo. En uso de esa licencia, que concluía el 28 de febrero de 2022, la funcionaria ocupó diversos cargos, entre ellos, juez de Garantías, defensora pública, directora de la Oficina Judicial en el SPA en el distrito Judicial de Panamá. Por su desempeño, fue referida por la directora de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA) para ocupar un cargo interino a prueba por un periodo de seis meses en el despacho de la magistrada Maribel Cornejo, y formar parte del grupo conformado por ocho asistentes”, precisa el Órgano Judicial en un comunicado.
Estando en el despacho de la magistrada Cornejo, la funcionaria realizaba lectura de casos externos, recibo de estadísticas y correos de las labores administrativas de las Oficinas Judiciales del Segundo y Cuarto Distrito Judicial, de los cuales es magistrada coordinadora, pero “en ningún momento tuvo acceso ni le fue asignado caso penal alguno”, según la entidad.
De acuerdo con el Órgano Judicial, al haber tenido conocimiento de las situaciones irregulares con respecto a esta funcionaria, la magistrada Cornejo consideró de inmediato dejar sin efecto su nombramiento, el 27 de diciembre de 2021.
Desde esa fecha, la funcionaria se mantuvo de licencia sin sueldo, sin tener otra vinculación con la institución, más que la reserva a su cargo permanente hasta el 28 de febrero de 2022, periodo por el cual se le había otorgado la licencia, como lo establece la Ley.
La institución aclaró que las licencias sin sueldos son un derecho al que solo puede renunciar el servidor judicial beneficiado.
VINCULACIÓN A ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Actualmente esta funcionaria, de 35 años de edad a quien se le imputaron cargos por la supuesta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva, delincuencia organizada y por el delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos, está bajo detención provisional.
La exfuncionaria supuestamente brindaba información confidencial a un grupo criminal.
Esta causa inició en el mes de octubre del año 2018, cuando comenzaron las investigaciones de la operación denominada “Damasco”.