Un proyecto de ley que busca establecer un régimen especial de protección económica temporal para personas que pierdan involuntariamente su empleo fue analizado por una subcomisión de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.
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¿Qué propone el proyecto de ley 652?
La iniciativa establece que una persona que haya sido cesada involuntariamente de su empleo podría solicitar un periodo de gracia de hasta tres meses para las obligaciones económicas que queden comprendidas dentro de la futura ley. El beneficio estaría condicionado a que la terminación de la relación laboral no sea imputable al trabajador.
La propuesta busca crear un mecanismo temporal para que las personas afectadas por una pérdida involuntaria de empleo puedan enfrentar sus compromisos económicos durante el periodo inmediatamente posterior al cese laboral.
Bancos y empresas piden precisar el alcance
Durante la consulta participaron representantes de la Asociación Bancaria de Panamá, ACODECO, ASEP, CONEP y otros sectores.
Carlos Berguido, representante de la Asociación Bancaria de Panamá, señaló que los bancos han mantenido disposición para dialogar con sus clientes cuando enfrentan dificultades para cumplir con sus pagos. Por ello, planteó la necesidad de actuar con precaución al legislar sobre este tema.
Por su parte, Rosario Arosemena, del CONEP, consideró necesario ampliar la participación de otros sectores y definir con precisión qué contratos y servicios estarían incluidos en la medida. Entre los sectores mencionados estuvieron las mueblerías y las escuelas particulares.
Proyecto seguirá en consultas
La subcomisión, dirigida por el diputado Néstor Guardia, estableció un plazo de 10 días para que las autoridades y gremios interesados presenten sus conceptos y aportes sobre la iniciativa.
Una vez concluido este periodo, se prevé una nueva reunión para analizar las observaciones recibidas y continuar con la discusión del proyecto.
La iniciativa se encuentra, por tanto, en etapa de análisis y consultas. El eventual periodo de gracia de hasta tres meses no constituye actualmente un derecho general para los trabajadores cesados, ya que el proyecto todavía debe continuar su trámite legislativo.
