Este miércoles, Carlos Isaza, gerente de la compañía Eurox que vendió las perforadoras de pozos al Ministerio de Salud (MINSA) durante la pasada administración, brindó sus declaraciones en la edición matutina de Telemetro Reporta.
Proceso de licitación de las perforadoras de pozo
Isaza resaltó que la compra de las perforadoras se realizó en un acto de licitación pública bajo la modalidad de cotización en línea en el formato de Panamá Compra, debido a la emergencia ambiental declarada por el Estado el año pasado a causa de la extensión de la temporada seca. Por este motivo la contratación de la empresa no fue revisada por el Consejo Nacional Económico.
En cuanto a la inhabilitación de Eurox para participar en licitaciones públicas, explicó que esta medida se tomó después de la adjudicación de los contratos con el MINSA.
Costos de las perforadoras
El gerente de Eurox explicó que el precio de referencia de la licitación de las tres perforadoras por parte del Estado era de 2.3 millones de dólares, y que ellos ofrecieron la mejor oferta por 1.7 millones de dólares.
Sobre el costo de las perforadoras, resaltó que los tres equipos tienen un costo de aproximadamente 800.000 dólares para la compañía; sin embargo, se debe tener en cuenta el proceso de transporte desde la tienda ubicada en China hasta el puerto.
El pago adelantado de las máquinas en mayo de este año originó irregularidades entre las autoridades de la nueva administración. Respecto a ello, Isaza indicó que Eurox no solicitó este desembolso antes de tiempo.
En diciembre de 2023, se solicitó la entrega de la factura, la gestión del cobro y los paz y salvo, con el objetivo de que el Estado hiciera la reserva de caja debido a la pronta finalización del presupuesto del año fiscal.
"Cuando se produce el pago, nosotros estábamos gestionando debidamente la adenda para cubrir el tiempo de atraso en la entrega de los equipos. Esa solicitud de adenda nunca nos fue respondida. Un día descubrimos el pago (...) El acta estaba en Panamá Compra", expresó el gerente sobre la prohibición del pago en caso de la falta un acta conforme del producto.