En el primer debate del proyecto de Ley 625 que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) decidió enviar la iniciativa nuevamente a una subcomisión para consensuar una propuesta de modificación.
Esta primera subcomisión concluyó que las buenas intenciones de este proyecto de ley serán aceptables siempre y cuando se realice un análisis más profundo sobre el impacto en los órganos jurisdiccionales, y sus problemas de aplicación en estricto respeto a los derechos humanos fundamentales.
"Consideramos que debe ser reformulado para mayor eficacia en el combate a la delincuencia organizada y no viole derechos humanos de personas que ninguna relación tiene con los delitos investigados, el proyecto de ley se debe redactar respetando los derechos fundamentales", indica el informe.
De acuerdo con esta primera subcomisión, la presunción de inocencia es un derecho humano que debe ser respetado por el Estado panameño, ya que forma parte de los tratados internacionales que en esta materia han sido ratificados por Panamá.
También indica el informe, la Corte Interamericana en sentencias emitidas para estados miembros dice que la presunción de inocencia se aplica en todas las materias y no solo en lo penal, en cuanto a que la presunción de inocencia no opera en los procesos de extinción de dominio, el supuesto puede ser engañoso debido a que surge la duda en cuando a si se le está imputando u no un hecho ilícito.
"Según lo que plantean las leyes de dominio estos proceso no están hechos para juzgar a las personas por delitos, y no establecen culpabilidad, a pesar de esto indirectamente si lo hace, si se quitan bienes a una persona mediante esta acción se le dice al ciudadano y sociedad que el dominio de esos bienes fue extinguido por la adquisición o destinación ilícita lo que afecta al ser humano y genera estigma social a esa persona", indica el informe de la anterior subcomisión.
La diputada Cano explicó que la subcomisión coincide en el tema de garantías fundamentales, "es un tema que como miembros de la Asamblea tenemos que armonizar el proyecto con lo que establece la Constitución Nacional".
Por su parte, el diputado Leandro Ávila, dijo que el proyecto no tiene congruencia jurídica y no define que va a suceder con instituciones como la Fiscalía de Cuentas.
"Hemos propuesto una mesa técnica, debe definirse una propuesta de modificación que permita que lo que se desea un documento de extinción de dominio sea una ley al estilo panameño, no un documento copiado de otras naciones", declaró Ávila.
La nueva subcomisión estará integrada por los diputados Víctor Castillo, Emelie García y Fátima Agrazal; tendrán 10 días para rendir su informe.
La iniciativa presentada por el Ministerio de Seguridad tiene 94 artículos y busca crear y desarrollar un marco normativo, diseñado como instituto jurídico contra los bienes de origen o destinación ilícita.