El proyecto de Ley 890, que modifica la Ley 37 del 2009, que descentraliza la administración pública y que hace referencia a los salarios de los alcaldes y representantes, fue aprobado este jueves 29 de septiembre en tercer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional.
También tendrán derecho a viáticos y gastos de representación que les sean pagados por el respectivo municipio, sin embargo, no podrán recibir dos o más salarios pagados por el Estado ni ejercer funciones en jornadas simultáneas de trabajo.
Tras la aprobación, el diputado Gabriel Silva pidió la palabra para explicar el voto en contra de la bancada independiente, destacando la necesidad “como país” de hacer una discusión sobre los salarios de representantes, presidente, ministros y otros funcionarios, reconociendo que en muchos casos hay servidores públicos que no ganan lo suficiente o lo justo, sin embargo Silva advirtió que este proyecto es inconstitucional.
El diputado Silva señaló que los artículos 19, 302 y 303 de la Constitución establecen principios como que un funcionario no puede tener una remuneración por un trabajo no realizado, así como que no habrá fueros ni privilegios.
Por su parte, el diputado Javier Sucre, proponente de este proyecto de ley, aclaró que no hay privilegios dado que las personas que ocupan altos cargos no pueden participar para cargos de elección popular con el salario y tienen que renunciar previamente.
“Los ministros, los directores tienen que renunciar y establecerse fuera de las instituciones para poder participar por un cargo de elección, solamente, la ley sí permite que las personas de cargos bajos puedan pedir licencia o vacaciones y mantenerse en sus puestos hasta ser electos… un salario tope no se ha establecido, sí lo estamos revisando por recomendaciones de algunas personas”, señaló.
Agregó que esta iniciativa “busca la garantía de fortalecer el poder popular que fue creado hace 50 años y donde los representantes y alcaldes también tengan esa garantía de poder ejercer su labor de una manera permanente, pero para poder resolver esos problemas de las comunidades, para poder dedicarle ese tiempo donde Panamá tiene que establecer una mejor descentralización de las tareas del Estado”.
También tendrán derecho a viáticos y gastos de representación que les sean pagados por el respectivo municipio, sin embargo, no podrán recibir dos o más salarios pagados por el Estado ni ejercer funciones en jornadas simultáneas de trabajo.
Tras la aprobación, el diputado Gabriel Silva pidió la palabra para explicar el voto en contra de la bancada independiente, destacando la necesidad “como país” de hacer una discusión sobre los salarios de representantes, presidente, ministros y otros funcionarios, reconociendo que en muchos casos hay servidores públicos que no ganan lo suficiente o lo justo, sin embargo Silva advirtió que este proyecto es inconstitucional.
El diputado Silva señaló que los artículos 19, 302 y 303 de la Constitución establecen principios como que un funcionario no puede tener una remuneración por un trabajo no realizado, así como que no habrá fueros ni privilegios.