Estados Unidos y otras 11 naciones de la cuenca del Pacífico acordaron el lunes un pacto comercial ambicioso que elimina barreras comerciales, establece normas laborales y ambientales, y protege la propiedad intelectual de las corporaciones multinacionales.
El acuerdo se propone estimular el comercio entre Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam.
Ahora el reto del gobierno de Barack Obama será vender la idea a un escéptico Congreso.
El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) fue convenido después de negociaciones maratónicas en Atlanta durante el fin de semana. "Creemos que contribuye a definir las reglas del curso para la región Asia-Pacífico", afirmó el representante comercial estadounidense Michael Froman.
Para Obama, se trata de una importante victoria en una pieza central de su agenda internacional. El presidente ha buscado el pacto pese a las objeciones de muchos legisladores de su propio Partido Demócrata y en lugar de ello forjó un inusual consenso con los republicanos.
Sindicatos comerciales y otros críticos dicen que el acuerdo expondrá a los trabajadores estadounidenses a la competencia extranjera y costará empleos. Dada la oposición, el destino del tratado en "el Congreso es, cuando menos, incierto", dijo Lori Wallach, un importante crítico del acuerdo y director de la organización Public Citizen's Global Trade Watch.
El gobierno de Obama ha promovido el acuerdo como parte de una estrategia para aumentar la influencia estadounidense en las zonas de gran crecimiento en Asia-Pacífico y para contrarrestar la influencia creciente de China.
"Esta asociación empareja el piso para nuestros agricultores, granjeros y manufactureros al eliminar más de 18.000 impuestos que varios países imponen a nuestros productos", informó Obama en un comunicado. "Esto incluye los compromisos más fuertes en empleo y medioambiente que se hayan convenido en cualquier tratado en la historia, y esos compromisos son obligatorios, a diferencia de otros acuerdos".
Obama debe aguardar 90 días después del acuerdo para firmar el pacto y solo entonces el Congreso empezará a debatirlo.
Como resultado, la votación probablemente no ocurrirá hasta bien entrado 2016. Dadas las sensibilidades políticas, los partidarios del acuerdo podrían presionar para votar lo antes posible de las elecciones del año próximo. El Congreso solo puede aprobar o rechazar el acuerdo pero no enmendarlo.
Muchas de las reducciones de gravámenes y otros cambios será eliminados paulatinamente a lo largo de varios años, de modo que los beneficios para la economía estadounidense tardarían en materializarse.
Peter Petri, profesor de finanzas internacionales en la Universidad Brandeis, cree que el pacto no creará empleos en Estados Unidos, pero pronostica que impulsará los ingresos en 77.000 millones de dólares anuales, un 0,4%, a partir de 2025, sobre todo creando empleos orientados a la exportación con mejor paga, aunque se pierdan otros empleos.
El primer ministro japonés Shinzo Abe saludó el acuerdo básico como "una política visionaria para todas las naciones participantes que comparten valores y tratan de crear una zona económica libre y justa".
China, la segunda economía del mundo, no forma parte del acuerdo, pero podría incorporarse más adelante.