Seattle se convirtió el lunes en la primera ciudad de Estados Unidos en permitir que choferes de compañías como Uber y Lyft puedan formar sindicatos para tocar temas como salarios y condiciones de trabajo.
Los partidarios estallaron en júbilo luego de que el Consejo de la Ciudad aprobara por votación de 8-0 la norma, que es vista como un caso de prueba para la cambiante fuerza laboral del siglo XXI. Las empresas se opusieron con contundencia al decreto y varios miembros del consejo reconocieron que habrá desafíos legales en el futuro, pero recalcaron que valió la pena hacerlo.
La ley requiere que las empresas que contratan choferes de taxis, las empresas de transporte bajo demanda y las aplicaciones de traslado, negocien con sus conductores, en caso de que la mayoría demuestre que quieren ser representados. Los choferes serían representados por organizaciones sin fines de lucro certificadas por la ciudad.
Seattle ha estado a la cabeza del país en lo relativo a derechos de los trabajadores, como el aumento gradual del salario mínimo hasta 15 dólares por hora, además de requerir que la mayoría de las empresas ofrezcan ausencia pagada por enfermedad.
"Mi intención es asegurarme de que las personas, los conductores, los trabajadores de nuestra comunidad sigan teniendo acceso a trabajos de buen salario", dijo el concejal, Mike O'Brien. Agregó que puede seguir habiendo innovación, pero no a la expensa de los trabajadores.
Muchos conductores en Seattle son inmigrantes que dependen del trabajo a tiempo completo, pero algunos obtienen menos del salario mínimo y carecen de los derechos básicos del trabajador, como bajas por enfermedad y protección ante represalias, comentó.
La Ley Nacional de Relaciones Laborales no extiende los derechos de un acuerdo colectivo a contratistas independientes.
Uber, con sede en San Francisco, y otras empresas argumentan que la ley federal de trabajo prohíbe a las ciudades regular acuerdos colectivos, y el decreto violaría las leyes federales antimonopolio. Quienes están en contra de la medida también argumentan que implementarla representaría otro gasto para la ciudad, violaría la privacidad de los choferes debido a que su información sería revelada a la organización y reprimiría el crecimiento de la economía bajo demanda.