La procuradora general de Brasil acusó al máximo tribunal del país de violar la Constitución por ordenar a organizaciones noticiosas que retiraran de sus portales algunos reportes sobre una pesquisa anticorrupción en los que se menciona a un magistrado del Supremo Tribunal Federal.
El tribunal ordenó el lunes a los sitios noticiosos O Antagonista y Crusoé que eliminaran los artículos que contienen lo que señaló como “afirmaciones falsas” o enfrentarán multas de 100.000 reales (25.595 dólares) por día.
La procuradora general Raquel Dodge solicitó el martes la revocación del fallo después de afirmar que su despacho no fue consultado sobre el caso y que el asunto caía fuera del ámbito de ese tribunal.
“El sistema legal define claramente una separación infranqueable de funciones en un proceso penal: un órgano acusa, otro defiende y el otro juzga. Es improcedente que el organismo que juzga investigue y acuse”, afirmó Dodge.
El fallo fue criticado por miembros del Congreso, la barra de abogados y al menos cuatro de los nueve magistrados del tribunal.
“Para mí esto es inconcebible. Es censura”, dijo el magistrado Marco Aurelio Mello. “Es una regresión en la democracia. La libertad de expresión debe prevalecer”.
Varios legisladores escribieron una carta en la que solicitaron a Dodge que se investigue por abuso de autoridad a los jueces implicados en el fallo. Las principales organizaciones noticiosas en Brasil dijeron que la orden infringía las facultades del Supremo Tribunal Federal y constituía un intento de censurar a la prensa.
La información a la que atañe la orden del Supremo Tribunal Federal contiene un testimonio relacionado con la pesquisa “Operación Autolavado” que ha enturbiado la política brasileña en los últimos años. El testimonio fue rendido por Marcelo Odebrecht, de la compañía constructora brasileña que está en el centro del escándalo de corrupción en Brasil y otros países de América Latina.
Según los documentos publicados en línea por el periódico O Folha de Sao Paulo, Odebrecht preguntó en un correo dirigido en 2007 a dos ejecutivos de su constructora: “¿Entonces finalmente lograron concretar el asunto con el amigo del amigo de mi padre?”
En la documentación se indica que Odebrecht explicó en un testimonio ante la Policía Federal que el “amigo de mi padre” se refería al entonces presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien se encuentra en la cárcel por una condena de corrupción y enfrenta investigaciones en otros casos. Según los documentos, Odebrecht testificó que el “amigo del amigo de mi padre” era el principal asesor jurídico del gobierno nombrado por Da Silva. A la larga, esa persona fue propuesta al Supremo Tribunal Federal en 2009.
La investigación sobre los artículos y la orden de retirar los contenidos provino del juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien el miércoles rechazó la petición de Dodge de que el fallo fuera revocado. De Moraes dijo que la investigación tiene el claro mandato de atacar aseveraciones falsas “que puedan perjudicar el honor del Supremo Tribunal Federal y sus miembros”.
El fallo también autorizó a la Policía Federal a allanar los recintos de varios detractores del Supremo Tribunal Federal y bloquear su presencia en internet.
FUENTE: AP