VILLAVICENCIO, Colombia (AP). Delegados de un movimiento de activistas trabajaba por mantener una operación prevista para hoy lunes de recoger en un punto de la selva a un ex gobernador provincial, tras siete años de cautiverio en manos de las FARC, en una misión que pareció fracasar tras el anuncio del presidente Alvaro Uribe de dejar sólo en manos de la Cruz Roja Internacional ese tipo de operativos.
"Estamos haciendo todos los esfuerzos para que no se frustre la misión" de recoger al ex gobernador, dijo Iván Cepeda, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado y parte del llamado movimiento Colombianos por la Paz.
Cepeda, en entrevista telefónica, dijo que en el transcurso del lunes darían la posición oficial del grupo sobre el anuncio hecho esta madrugada por Uribe, quien señaló que sólo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con el apoyo de dos helicópteros proporcionados por Brasil, estaban autorizados para los operativos de recoger rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Carlos Lozano, director del semanario Voz del partido comunista y también del grupo Colombianos por la Paz, dijo telefónicamente que toda la situación de los anuncios del mandatario había que tomarla "con mesura" y "flexibilidad" porque de lo que se trataba era de concretar las liberaciones y no de entrar en polémicas.
Pero, expresó Lozano, "el punto es si las FARC aceptan o no, que sea el CICR, porque en su carta (al anunciar en diciembre las liberaciones) dijeron de entregarlos (a los rehenes) a Colombianos por la Paz en cabeza de la senadora" Piedad Córdoba.
Ninguno de los dos activistas, que desde el fin de semana se encuentran en esta población a 75 kilómetros al sureste de Bogotá y donde se ha concentrado parte de la logística de las liberaciones, quiso anticipar la posición que tendrá la senadora sobre denuncias hecha la víspera por el periodista Jorge Enrique Botero, parte también de la misión que recogió el domingo en la selva junto a Córdoba a tres agentes de la policía y un militar liberados por las FARC.
Botero ha dicho que la operación de liberación de los cuatro miembros de la fuerza pública casi fue abortada el domingo debido a sobrevuelos de aviones militares que provocaron inquietud tanto en la misión humanitaria como entre los rebeldes.
El periodista, hablando el domingo por teléfono desde el área donde eran recogidos los retenidos y en un contacto con la cadena Telesur, con sede en Caracas; dio además la palabra a un hombre que se identificó como un comandante rebelde y quien dijo que en recientes choques con el ejército había muerto un guerrillero y otro estaba desaparecido.
Miembros del gobierno como el Alto Comisionado por la Paz, Luis Carlos Restrepo, se quejaron entonces del rol cumplido por Botero en la misión con carácter humanitario y que se diera acceso a miembros de las FARC.
Uribe, horas más tarde, desde la casa de gobierno en Bogotá, manifestó que sí hubo vuelos, pero por encima de la altura acordada con delegados del operativo y que en tierra no hubo ofensivas militares. No dio detalles si se trató de sobrevuelos civiles o militares ni de la altura acordada.
Uribe dijo que "la necesidad humanitaria de liberar a los secuestrados" había "sido utilizada en contra de lo acordado, en incitación y estímulo al grupo secuestrador, narcotraficante y terrorista de las FARC" y que el gobierno "no puede permitir que el terrorismo siga haciendo fiesta con el dolor de los secuestrados y de sus familias".
El CICR tampoco se había pronunciado sobre si se realizaría o no la misión prevista para la jornada de recoger a Alan Jara, ex gobernador del sureño departamento de Meta, secuestrado por las FARC desde julio del 2001. Para el miércoles, según lo anunciado por Córdoba, el turno de liberación es para Sigifredo López, un ex diputado regional del departamento de Valle del Cauca, en el suroeste del país.
Los dos ex políticos son los dos últimos de los seis hombres que las FARC dijeron en un comunicado conocido el 21 de diciembre que liberarían como una muestra de su voluntad de concretar un canje o un intercambio de secuestrados por rebeldes en prisión.