BUENOS AIRES ( AP ). El secuestro hace poco más de un año de una risueña niña desató un despliegue policial sin precedentes en la provincia de Buenos Aires y generó gran conmoción social. Según una comisión legislativa, en vez de rescatar a la menor la policía actuó como su peor enemigo para encubrir un entramado de corrupción interna y vínculos con el narcotráfico.
La magnitud que cobró el caso y la indignación popular ante la inoperancia de la justicia y la policía provincial empujaron al Senado bonaerense a proponer la creación de una fuerza policial judicial abocada a la investigación de delitos complejos en los que se sospecha pueden estar involucrados miembros de la fuerza.
El proyecto, que está próximo a ser aprobado por la Cámara de Diputados provincial, fue impulsado a medida que una comisión legislativa formada para analizar la investigación del secuestro y asesinato de Candela Rodríguez, de 11 años, concluyó que el caso estuvo vinculado con bandas de "narco-policías" que operan en los barrios marginales de los alrededores de la capital argentina.
El informe de la comisión también indicó que en la policía bonaerense, la fuerza de seguridad más numerosa de Argentina, existen bolsones de corrupción y que es necesario expulsar a muchos de sus integrantes por sus vínculos con el mundo del delito.
En diálogo con The Associated Press, el senador Jorge Ruesga, presidente de la comisión, explicó que durante el cautiverio de Candela, la policía montó una investigación y expediente falsos para desviar la atención de la población y los medios de comunicación. Llegó incluso a conformar una banda inexistente de piratas del asfalto --ladrones dedicados al robo de camiones con mercancías-- cuyos supuestos integrantes, que no contaban con antecedentes delictivos, fueron acusados del secuestro y crimen de la niña.
El informe concluyó que sin siquiera contar con evidencia firme y manipulando perfiles de ADN compatibles con el de Candela, los uniformados construyeron un escenario falso de cautiverio.
" Hay sectores de la policía que tienen una estrecha vinculación con el narcotráfico y la piratería del asfalto y en el caso de la niña, estas facciones jugaron un rol preponderante ", según Ruesga.
El senador explicó que todas las acciones de la policía tuvieron el objetivo de encubrir las pistas que apuntaban al partido de San Martín, de donde era oriunda la niña, y donde operaban bandas dedicadas a la piratería del asfalto y el narcotráfico integradas por algunos de sus familiares --incluidos el padre y la madre-- y que tenían nexos con la policía.
Según Ruesga, la solución para este tipo de casos está en la nueva policía judicial.
" Será un cuerpo independiente y sin relación alguna con la (policía) bonaerense. De haber tenido un cuerpo así, el caso de Candela podría haber tenido otra resolución ," dijo el legislador.
Nueve días después de su desaparición el 22 de agosto de 2011, el cuerpo sin vida de la niña apareció a plena luz del día dentro de una bolsa de residuos al costado de una autopista, a 30 cuadras de su casa.
Los senadores bonaerenses afirmaron que si bien el secuestro no tenía por objetivo el asesinato, éste aconteció por la confluencia de "la presión mediática y la influencia de los narco-policías que actúan en el territorio". El caso había acaparado la atención de los medios de comunicación y para hallar a la niña se había montado un despliegue sin precedentes: más de 1.200 efectivos policiales movilizados, 800 allanamientos de domicilios, 335 entrevistas con vecinos de la familia, 1.188 llamadas telefónicas analizadas y una recompensa de más de 21.000 dólares a quien diera datos precisos.
El asesinato se precipitó porque, señalaron los senadores, "la prolongación del evento ponía en riesgo el verdadero negocio: el mercado del narcotráfico del que también forma parte un sector de la policía".
A más de un año del crimen, no hay un solo detenido y la investigación judicial está cerrada.
El informe de la comisión legislativa solicitó la dimisión del jefe de la fuerza policial, Hugo Matzkin, quien al momento del crimen se desempeñaba como Superintendente de Coordinación Operativa de la policía provincial, y el relevo de más de 50 policías, en su mayoría comisarios. También pidió investigar la responsabilidad de los tres fiscales y el juez de la causa.
El gobernador Daniel Scioli no opinó al respecto, en su lugar dio un respaldo tácito a la policía de su distrito y llamó a los medios de prensa a presenciar un operativo antidrogas en el que se mostró junto a Matzkin.
La actitud de Scioli enfureció a Elsa Gómez, una de las fundadoras de la Asociación Madres del Dolor, una entidad sin fines de lucro que denuncia casos de inseguridad.
"La policía bonaerense es una corporación junto con el poder judicial de la provincia," afirmó Gómez a la AP. "Montan casos y escenarios y se cubren entre ellos. Mientras exista impunidad judicial, la inseguridad y la corrupción no se van a terminar", agregó.
El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, indicó que se abrieron expedientes contra los policías que intervinieron en el caso de la niña, incluyendo a gran parte de la cúpula de la fuerza, pero consideró que las cosas "no se hicieron tan mal como establecieron los senadores".
En la década de 1990 la policía bonaerense se ganó el mote de "maldita policía" por investigaciones periodísticas que denunciaron un entramado de corrupción dentro de la fuerza y el financiamiento de sectores policiales con dinero proveniente del juego clandestino, la prostitución, los secuestros extorsivos y la liberación de zonas para que bandas delictivas pudieran trabajar con impunidad.
Desde 1990 la policía de la provincia de Buenos Aires expulsó a más de 8.000 efectivos implicados en casos de corrupción. A pesar de esa depuración, la bonaerense no ha logrado despegarse del viejo mote de "maldita policía".