Honduras: Fiscal general reconoce impunidad

"Solo tenemos la capacidad de investigar el 20% de los homicidios que se cometen en el país. Y de ese 20%, judicializamos el 90% por lo que tenemos un mínimo de un 80% de impunidad si no más" dijo Rubí, en la comparecencia ante los legisladores, quienes han pedido explicaciones sobre los pasos que dan las autoridades del país para combatir la delincuencia.

Rubí añadió que "Honduras está totalmente rebasada por la criminalidad y los órganos de investigación y el Ministerio Público no tienen capacidad de intervenir" porque "no hay forma alguna de que con el presupuesto que tenemos y las estructuras que tenemos hagamos frente a los problemas. El país no está preparado para el alto índice de criminalidad que vive".

El fiscal general también señaló que, si bien la estructura jurídica hondureña es la adecuada, se carece de medios para llevar adelante las investigaciones.

"No tenemos un cuerpo de investigación con personal, capacitación, tecnología y personas en las que se pueda confiar", lamentó. "Está bien que se nos exija, pero sin investigadores, no podemos. Los hemos pedido pero es el Congreso el que tiene capacidad de aprobar presupuesto que esta situación cambie".

Desde el punto de vista de los recursos, Rubí dijo que "el presupuesto es de 996 millones de lempiras (unos 50 millones de dólares) para el año 2013 y con este presupuesto vamos a tener serias dificultades para terminar el año".

En una situación en la que "hay ciudades donde hay toque de queda, donde la ciudadanía vive bajo el imperio de la delincuencia eso sólo se puede solucionar con más dinero y depurando los órganos operadores de justicia", concluyó.

Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional, afirmó que "si estamos ante una incidencia de la violencia que no hemos podido gestionar, se necesita una justicia especial que actúe y esa justicia especial requiere un presupuesto especial. Todos estamos cansados de excusas".

En cuanto a corrupción y criminalidad en el Ministerio Público, Danelia Ferrera, Coordinadora de Fiscales, informó que el número de fiscales con el que se cuenta actualmente es de 626 y de que "tenemos procesos criminales abiertos contra 40 fiscales activos. En el momento en que comienza la acción penal, son separados del cargo".

Ferrera además informó de que se presentaron 900 denuncias contra funcionarios del Ministerio Público y 101 terminaron en causal de despido.

Respecto a la policía, la Coordinadora de Fiscales dijo que "sólo en este momento tenemos a 470 policías con investigaciones abiertas" y que "la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial nos ha enviado 23 expedientes de policías con asesinatos y secuestros de los que siete siguen su curso".

Varios de los diputados realizaron intervenciones muy críticas respecto a la efectividad del Ministerio Público.

Augusto Cruz Asensio, portavoz de la Democracia Cristiana señaló que "sentimos que se está protegiendo la corrupción" porque "la Fiscalía contra la Corrupción sólo ha conseguido 33 sentencias condenatorias en 6 años" o que "sólo en el caso de la comunidad gay, lesbiana y transexual 104 de sus miembros han sido asesinados con sólo dos sentencias condenatorias".

Waldina Paz, diputada del Partido Liberal reclamó en nombre de las familias de más 30 casos de comunicadores sociales y periodistas asesinados en Honduras en los últimos tres años ya que nadie ha sido condenado.

Ante la pregunta realizada por la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, sobre la pertinencia de una intervención internacional del sistema de justicia hondureña, el fiscal general respondió que "nadie de afuera nos va a resolver los problemas. Quiero decirles que ya lo hemos intentado, hemos cooperado con el FBI de los Estados Unidos, canadienses, colombianos y al final vienen por un período y se van y aquí nos quedamos solos resolviendo los problemas. Lo más correcto es que trabajemos nosotros y no pensemos que nadie nos va a resolver nada".