La instancia legislativa más alta de China adoptó este sábado unas mociones que formalizan la abolición de los campos de reeducación por el trabajo y flexibilizan la política de control de nacimientos, anunció la agencia oficial Xinhua.
Estas dos reformas emblemáticas fueron anunciadas a mediados de noviembre tras una reunión en cónclave del Comité Central de Partido Comunista chino.
Este sábado fueron ratificadas por un voto del comité permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP), la cámara de registro legislativo de las decisiones del Partido Comunista en el poder, indicó Xinhua
Desde 1957, el sistema de reeducación por el trabajo ("laojiao") permite la detención de personas hasta cuatro años por simple decisión policial.
Objeto de múltiples abusos, muy impopulares y denunciados por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, estos campos son utilizados sobre todo por las autoridades locales para reprimir voces disidentes, a los internautas que denuncian la corrupción o a los "solicitantes" que piden reparación por un perjuicio.
Un informe de la ONU publicado en2009 había evaluado en 190.000 las personas detenidas en el marco de este sistema.
Estos campos se han "vuelto superfluos" a medida que "se ha desarrollado" el sistema judicial del país, indicó Xinhua esta misma semana, basándose en un texto gubernamental.
"Las personas detenidas en los campos serán puestas en libertad y no deberán cumplir el resto de sus penas", indicó Xinhua, y precisó que la resolución entraba en vigor este mismo sábado, fecha de su promulgación.
Sin embargo, expertos advirtieron contra la probable persistencia en China, con nombres diferentes, de otras formas de detención arbitraria, cuando se han multiplicado en los últimos meses las detenciones de blogueros contestatarios o militantes políticos.
"Prisiones negras" ilegales, campos de "rehabilitación para toxicómanos" y otros lugares seguirán sirviendo para encarcelar a ciudadanos sin pasar por una decisión judicial, estimó Amnistía Internacional en un informe publicado a mediados de diciembre.
El comité permanente de la ANP también adoptó este sábado una resolución que "autoriza a las parejas formadas al menos por un hijo único a tener dos hijos" y ordena que las autoridades provinciales "enmienden sus reglamentos y tomen decisiones específicas" en consecuencia.
Estas nuevas reglas entrarán en vigor "en ciertas provincias y regiones" el primer trimestre de 2014, aseguró esta semana un alto responsable de la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar.
Esto marca una clara flexibilización de la política china de planificación familiar, llamada del hijo único, adoptada hace tres decenios para frenar el crecimiento demográfico en el país más poblado del mundo. Las autoridades calculan que se evitaron 400 millones de nacimientos.
Actualmente, la ley china prohíbe que las parejas tengan más de un hijo. No obstante, existían hasta ahora excepciones para las parejas compuestas por hijos únicos, para las minorías étnicas y para las parejas rurales que habían tenido primero una hija.
En realidad, la regla del hijo único no se aplica a un 375 de las parejas chinas, según un estudio de 2007, y las parejas acomodadas no vacilan en infringirla y pagar la multa correspondiente.
La flexibilización de las reglas ratificada este sábado fue calificada de "progreso crucial" por especialistas, aunque puede afectar solo a unos 10 millones de parejas, una ínfima parte de los 1.300 millones de habitantes del país.
Esta modificación de las reglas de la planificación familiar está destinada abiertamente a frenar el envejecimiento de la población china, cuando el índice de fecundación en el país, a 1,5 hijos por mujer, es muy inferior al nivel que se supone garantiza la renovación generacional.
En 2012, la población activa en el país ha bajado de un año para otro, por primer avez desde 1963, según la Oficina Nacional de Estadística. La ONU estima que un 30% de la población china será sexagenaria en 2050.
En su reunión plenaria de noviembre, el Comité Central del PCC se comprometió asimismo a reducir "progresivamente" el uso de la pena de muerte, y aseguró que quiere conferir un papel "decisivo" en un mercado muy controlado todavía por el Estado.