Ahora que los seis miembros de su familia viven desperdigados por cinco casas, Dalveneide Pequeno do Nascimento añora los días en que todos estaban bajo un mismo techo.
Nascimento, su esposo y sus hijos figuran entre más de 230 familias desalojadas de sus viviendas en Vila Recreio II, una favela de Río de Janeiro que fue demolida para abrir paso a la carretera Transoeste, que conecta Barra de Tijuca, el barrio donde se concentrará el grueso de las actividades de los Juegos Olímpicos del 2016, con los suburbios occidentales de la ciudad.
Ese fue apenas uno de numerosos proyectos de renovación urbana lanzados con motivo de la Copa Mundial de este año y de los juegos olímpicos, obras que prometen una transformación total de Río luego de años de abandono tras el traslado de la capital a Brasilia en 1960. Las autoridades planean ampliar la red de trenes subterráneos, las autopistas, renovar el aeropuerto y otras obras. Los detractores de las iniciativas sostienen que unas 100.000 personas de bajos recursos como los Nascimento han sido desalojadas o están en vías de serlo.
"La ciudad ha caído bajo las garras de las grandes empresas que están detrás de estos grandes eventos", afirmó Marcelo Chalreo, director de la comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados de Río. "En nombre de esos eventos (deportivos), todo tiene que verse bien".
Nascimento dice que las autoridades municipales le dieron a ella y a su esposo, el albañil Jucelio de Souza, dos alternativas: aceptar una suma de dinero y un departamento en un complejo de viviendas alejado del centro de la ciudad o irse sin nada. El mercado inmobiliario de Río está en un período floreciente y las casas de las favelas cuestan a menudo de 50.000 dólares para arriba, por lo que Nascimento consideró insuficientes los 2.300 dólares que ofreció la municipalidad.
Temerosa de quedarse sin vivienda, no obstante, la pareja aceptó irse a un departamento y le asignaron uno en Campo Grande, un suburbio distante. Terminaron viviendo en el Condominio Oiti, inaugurado en el 2011 y que consiste en edificios color beige de cuatro pisos que alojan a unas 200 familias desalojadas de distintas favelas. Se encuentra a 60 kilómetros (35 millas) del centro de Río y a Nascimento le resulta muy caro el transporte a la casa de un barrio exclusivo donde trabaja como niñera.
"Es una pesadilla", declaró Nascimento, cuyo rostro lleno de surcos hace pensar que tiene más que sus 36 años, 16 de los cuales vivió en la favela Vila Recreio II. "No hay nada aquí. No hay trabajo, hospitales, transporte público. Nada. Nos sacaron por la fuerza de nuestras casas y nos tiraron aquí, en el medio de la nada".
Las autoridades municipales dicen que unas 15.000 familias fueron reubicadas, pero afirman que eso se hizo porque estaban en zonas inseguras, proclives a sufrir deslizamientos de tierra, y no por la Copa Mundial y los juegos olímpicos. Colaboradores del alcalde Eduardo Paes dijeron en un comunicado que "no ha habido ni habrá" desalojos relacionados con el Mundial.
Los organizadores del Mundial no respondieron a solicitudes de comentarios sobre el tema.
Las autoridades sí admiten que se planea reubicar a 278 familias que viven en terrenos a ser usados en la Villa Olímpica.
La oficina brasileña de Amnistía Internacional, por su parte, afirma que 19.200 familias de Río y sus alrededores han sido desalojadas desde el 2009. Un grupo de defensa de esas familias llamado Comité Popular para la Copa Mundial y las Olimpiadas calcula que unas 100.000 han sido o serán desalojadas.
Los desalojos y los juegos olímpicos van de la mano desde hace tiempo y, en el peor de los casos, las reubicaciones de Río no se acercarán a las de Beijing, donde se cree que un millón de personas fueron desalojadas con motivo de los juegos del 2008, ni a las 720.000 que algunas organizaciones dicen resultaron desplazadas en Seúl con ocasión de los juegos de 1988.
Las autoridades aseguran que han sido justas y que las personas desalojadas pudieron elegir entre varias opciones de viviendas. Los afectados, sin embargo, cuentan otra historia, según organizaciones que los defienden.
"La política de desalojos de la ciudad es un desastre porque traslada estos barrios pobres a zonas más alejadas, haciendo que sectores vulnerables sean más vulnerables todavía", manifestó Renato Cosentino, del Comité Popular.
Para Souza, el esposo de Nascimento, el desalojo ha complicado más todavía vidas de por sí difíciles.
La enorme distancia que hay entre la nueva vivienda y trabajos, escuelas y hospitales ha hecho que la familia se desperdigue. Nascimento, por de pronto, duerme cinco días a la semana en la casa donde trabaja. De lo contrario, se pasaría seis horas diarias viajando y el transporte se llevaría buena parte de su sueldo de 500 dólares mensuales. Por la misma razón su marido alquila un pequeño departamento por el que paga 150 dólares al mes cerca de su trabajo. Uno de los hijos menores de Nascimento vive con ella y otro lo hace con un amigo. Otros dos hijos adolescentes viven solos en el complejo.
"Nos esforzamos para salir adelante y de repente nos pasa todo esto y terminamos peor que cuando empezamos, mucho peor", se lamentó Souza, sin que los anteojos de sol que luce alcancen a tapar sus lágrimas. "Daría todo lo que tengo para poder contar con mi pequeño terreno (en la favela) y por tener a mi familia unida de nuevo".