Fiscales generales de los países centroamericanos anunciaron este viernes una alianza para combatir en forma conjunta las operaciones delictivas ligados al comercio de drogas, tráfico de personas y crimen organizado en la región.
"En Centroamérica estamos decididos a enfrentar al crimen organizado con toda firmeza y totalmente articulados", declaró en conferencia de prensa el fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, acompañado de sus colegas del istmo.
Destacó que las organizaciones criminales que operan en la región no reconocen fronteras, por lo que su combate exige una acción coordinada de los ministerios públicos de todos los países desde Guatemala hasta Panamá.
Aunque la alianza fue presentada formalmente este viernes, Chavarría dijo que han realizado acciones "discretas" los últimos cuatro años que permitieron dar algunos golpes al crimen, como el caso del asesinato del cantante argentino Facundo Cabral, ocurrido el 9 de julio de 2011 en Guatemala, en el que realizaron arrestos en ese país, Nicaragua y Costa Rica.
Los fiscales generales de la región se reunieron en San José para formalizar la creación del Consejo Centroamericano y Caribeño de Ministerios Públicos, en presencia de fiscales encargados de la lucha contra delitos trasnacionales.
La región es considerada una de las más violentas del mundo por la acción criminal en Guatemala, El Salvador y Honduras, y es vista como puente del tráfico de drogas desde Suramérica hacia Estados Unidos y Europa.
"Nuestros países enfrentan graves dificultades y amenazas del narcotráfico, crimen organizado, trata de personas y otra variedad de delitos trasnacionales que rompen las fronteras de nuestros países", destacó Luis Martínez, fiscal general de El Salvador.
Por su parte, el hondureño Oscar Chinchilla atribuyó la fuerte presencia del crimen en la región a la debilidad de las instituciones y la ausencia de políticas "verdaderamente encaminadas a atacar las causas que generan" estos flagelos.
Chinchilla alertó que la violencia criminal en Centroamérica "ha puesto en peligro la democracia porque la sociedad comienza a percibir la incapacidad de enfrentar este fenómeno y la lleva a exigir políticas represivas que ponen en peligro las libertades públicas".