Un grupo de 17 estados de la federación estadounidense, encabezados por Texas, iniciaron el miércoles procesos contra el presidente Barack Obama por el conjunto de medidas ordenadas por la Casa Blanca para ayudar a legalizar unos cinco millones de inmigrantes no autorizados.
De acuerdo con el Fiscal General de Texas, Greg Abbott, la decisión unilateral de Obama de actuar sobre cuestiones migratorias ignorando la posición del Congreso equivale a "pisotear" la Constitución estadounidense.
"El presidente está abdicando de su responsabilidad de haber aplicar las leyes aprobadas por el Congreso, y tratando de reescribir las leyes migratorias, para lo cual no tiene autoridad", expresó Abbott en un comunicado poco después de formalizar los procesos.
Abbott agregó que la iniciativa de Obama "pisotea" una cláusula de la Constitución que determina que el presidente debe hacer aplicar la ley aprobada por le Congreso y "no reescribirlas" para que sirvan para fines de persecución.
Las medidas adoptadas por Obama ofrecen un alivio administrativo de tres años a millones de inmigrantes no autorizados que viven en el país desde hace por lo menos cinco años y poseen hijos con nacionalidad estadounidense o con permiso legal de residencia.
El conjunto de medidas anunciadas por Obama también destina recursos para la protección de la frontera con México y orienta las prioridades para fines de deportación a aquellas personas que cometieron delitos.
Sin embargo, la oposición del partido Republicano alega que la decisión es "ilegal" e "inconstitucional".
Esta semana, el vicepresidente Joe Biden alertó que los republicanos cometerán un "error" si deciden utilizar negociaciones de último minuto sobre el presupuesto federal para hace retroceder al gobierno en matera migratoria.
Los legisladores estadounidenses deberán alcanzar un acuerdo para el 11 de diciembre para evitar un cierre administrativo del gobierno, como ya ocurrió el año pasado.
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