El Gobierno de Costa Rica informó de que espera una movilización voluntaria de los 600 migrantes varados en su territorio hacia centros de aprehensión y que en caso de no acatar la instrucción serán personas en conflicto con la ley.
"Ellos (migrantes) están en Costa Rica y tienen que respetar las leyes. No vamos a tolerar que estén mucho tiempo ahí (en la calle), esperamos una salida voluntaria, pero en el momento en que la Fuerza Pública les solicite trasladarse y no acaten la instrucción dejan de ser inmigrantes irregulares y pasan a ser personas en conflicto con la ley", dijo en conferencia de prensa el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera.
Un grupo de 600 migrantes, entre ellos africanos, haitianos y brasileños, varados en el lado costarricense de la frontera con Panamá se niegan a utilizar centros de atención, para mujeres embarazadas y niños, y de detención habilitados por el Gobierno costarricense.
Los migrantes que aspiran llegar a Estados Unidos duermen en la calle rodeados por una cinta amarilla que los encierra y también por la valla de policías costarricenses que impiden cualquier movimiento.
El Gobierno de Costa Rica procura que los migrantes se movilicen de manera voluntaria, pero en caso de que sea una obligación dijo que no tolerará actos de vandalismo, bloqueos, violencia o desorden en esos traslados.
Según aseveró el ministro Herrera, hoy cuatro familias y una mujer embarazada son quienes se han trasladado a los puestos habilitados.
"Mañana vamos a procurar la salida de ese lugar (calle). Hemos logrado avances importantes y queremos hacerlo de manera respetuosa de los derechos humanos (...) Estos espacios habilitados no son albergues, sino centros de atención o aprehensión", afirmó Mauricio Herrera.
Según el funcionario, algunos adultos han mostrado su interés de trasladarse hacia esos espacios y someterse a las normas de leyes migratorias, sin embargo, otro grupo presiona para que eso no suceda.
Por su parte, la subdirectora de Migración y Extranjería, Gladys Jiménez, dijo que hasta el momento han abierto 250 expedientes con lo que han podido constatar hasta 14 nacionalidades, entre ellas africanos, brasileños y haitianos.
"Continuaremos con el proceso ordenado de deportación o de otras medidas menos gravosas, según se considere en cada caso", manifestó Jiménez.
En la actualidad unos 600 migrantes indocumentados se encuentran varados en el lado costarricense de la frontera con Panamá, a la espera de que las autoridades les permitan seguir su ruta migratoria hacia Estados Unidos.
Nicaragua mantiene cerrada su frontera a migrantes irregulares desde noviembre pasado, por lo que una oleada de 8.000 cubanos quedó varada en Costa Rica hasta que en marzo pasado lograron continuar su migración a Estados Unidos gracias a un operativo aéreo en el que participaron México, El Salvador y Guatemala.
Los africanos han agudizado la crisis migratoria que viven Panamá y Costa Rica desde noviembre pasado con los miles de cubanos que buscan llegar a Estados Unidos por temor a que ese país elimine los beneficios migratorios, sociales y de ciudadanía que les otorga la Ley de Ajuste Cubano.
En Panamá hay varados unos 3.500 migrantes cubanos, a quienes Costa Rica no les permite ingresar a su territorio porque considera que su capacidad para albergarles y brindarles asistencia quedó agotada con la atención de los 8.000 que estuvieron en el país entre noviembre y marzo pasado.
