Las autoridades en San Francisco planean revisar nuevamente sus normas de protección a los inmigrantes, una política que el año pasado fue blanco de críticas porque un mexicano sin permiso de residencia mató a tiros a una mujer.
La Junta de Supervisores considerará el martes una propuesta que dice que la policía sólo puede entregar a presuntos culpables de un crimen a las autoridades federales de inmigración si están acusados de un delito violento y estuvieron presos por un crimen violento en los últimos siete años. Sería la única vez que los trabajadores de la ciudad, incluidos los policías, podrían revelar el estado migratorio de esa persona.
Pero la jefa de la policía de San Francisco se ha resistido a la limitación, al decir que quiere una mayor discreción sobre lo que es un grupo relativamente pequeño de detenidos. La jefa de la policía, Vicki Hennessey, como una funcionaria elegida de manera constitucional, no tiene que seguir las órdenes de la junta.
A inicios de este mes, el principal promotor de la medida pospuso una votación de la junta sobre la ordenanza, al decir que quería a todos en la misma página. El supervisor John Avalos dijo que las partes han intentado alcanzar un acuerdo, pero que estaba dispuesto a votar el martes, independientemente de cualquier acuerdo.
Eileen Hirst, jefe de personal de Hennessey, dijo que las partes aún están hablando.
Defensores de la política de protección a migrantes dicen que una clara división entre la policía local y las autoridades federales de inmigración es necesaria para fomentar la confianza. La ley data de 1989.
El asesinato de Kate Steinle en julio de 2015 y el arresto del Juan Francisco López Sánchez, un mexicano con antecedentes penales y sin permiso de residencia, puso a la defensiva a los líderes de San Francisco mientras los críticos y los políticos externos demandaban un cambio en la ley.
El jefe de la policía en ese entonces dijo que fue legal no retener a López para que las autoridades federales lo deportaran. Perdió la reelección ante una candidata que dijo que hubiera considerado una mayor comunicación entre la ciudad y el gobierno federal.
Hennessey dijo que la oficina recibe alrededor de cinco solicitudes a la semana para notificar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) el estatus migratorio de un detenido. Ella no ha notificado al ICE en ninguno de esos casos, agregó.
Hennessey también afirmó que, como su predecesor, habría ignorado la solicitud del ICE de notificar sobre López Sánchez, pero al menos hubiera revisado su caso.