El fenómeno de El Niño podría generar un período de déficit de lluvias y altas temperaturas en Panamá, especialmente entre octubre de 2026 y marzo de 2027, de acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).
Sus efectos podrían prolongarse hasta mayo de 2027, con temperaturas elevadas que representarían posibles impactos para la población, el sector agropecuario y los recursos hídricos del país.
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¿Qué efectos podría tener El Niño en Panamá?
Uno de los principales riesgos está relacionado con la disponibilidad de agua. El déficit de precipitaciones podría provocar sequías en algunas cuencas hidrográficas y una disminución en los niveles de lagos y embalses, entre ellos el lago Bayano.
Esta situación también podría tener consecuencias sobre la generación de energía hidroeléctrica y la disponibilidad de agua necesaria para diferentes actividades.
Las autoridades advierten además sobre posibles repercusiones para las operaciones del Canal de Panamá, particularmente en cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico y el tránsito de buques.
Riesgo para la generación de energía
La disminución de los niveles de agua en las cuencas y embalses también podría afectar la generación de energía hidroeléctrica.
De mantenerse condiciones de déficit de lluvias, esta situación podría representar un desafío para la estabilidad y sostenibilidad de los recursos energéticos nacionales.
Por ello, las autoridades han incluido el comportamiento de los recursos hídricos y del sistema energético entre los aspectos que requieren medidas de prevención y preparación.
Emergencia nacional estará vigente hasta junio de 2027
Ante los posibles escenarios asociados al fenómeno climático, el Gobierno estableció mediante resolución un mecanismo para coordinar las acciones necesarias entre el Ministerio de la Presidencia, las entidades solicitantes y el Ministerio de Economía y Finanzas.
El documento también faculta la realización de las contrataciones requeridas mediante el procedimiento especial de adquisiciones por estado de emergencia nacional.
La autorización establecida en la resolución tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027, lo que permitirá a las instituciones ejecutar las acciones necesarias para enfrentar los posibles efectos asociados al comportamiento climático.
El escenario previsto exige especial atención al comportamiento de las lluvias, los niveles de los ríos, lagos y embalses y la disponibilidad de agua durante los próximos meses.
