La investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015 quedó en un limbo luego de que el máximo tribunal penal de Argentina concluyó el jueves que en el expediente no hay pruebas suficientes para determinar que el funcionario fue asesinado.
La Cámara de Casación Penal resolvió bajo ese argumento que el caso Nisman regrese a la órbita de la justicia ordinaria luego de que a fines de marzo un tribunal inferior ordenó trasladar el caso a la justicia federal con un argumento totalmente opuesto: la existencia de evidencias que respaldaban la hipótesis de un asesinato vinculado a su función.
"En el proceso no se ha incorporado hasta la actualidad elemento de prueba alguno que permita sostener con fundamento jurídico, que la muerte del fiscal hubiese sido el resultado del accionar de terceras personas y se hubiese motivado en el desempeño de sus funciones", dijeron los tres miembros de Casación Penal, según el fallo difundido por el centro de información del Poder Judicial.
Nisman estaba al frente de la investigación por el atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994 y de la posterior denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de los autores del ataque cuando fue hallado muerto con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015.
La resolución de este jueves significa que la causa debe retornar a la jueza criminal y correccional Fabiana Palmaghini, quien tuvo a su cargo la investigación desde el inicio por tratarse de una muerte dudosa. A principios de este año, la magistrada resolvió apartarse de la causa en respuesta a un pedido de la familia de Nisman, la cual siempre sostuvo que el fiscal fue asesinado.
Poco después la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, instancia superior a Palmaghini, giró en marzo el caso al fuero federal por considerar que "existen razones más que plausibles" para avalar la hipótesis de que la muerte de Nisman fue "resultado de la actividad de terceras personas en el marco de su función".
Nisman fue encontrado sin vida en el baño de su apartamento de Buenos Aires cuatro días después de denunciar a Fernández (2007-2015), a su canciller Héctor Timerman y allegados al gobierno por el supuesto encubrimiento de ciudadanos iraníes imputados por el atentado contra el centro judío. Un día después debía presentarse en el Congreso para fundamentar la denuncia.
El arma desde la cual se ejecutó el disparo que mató a Nisman estaba a nombre de Diego Lagomarsino, un técnico informático que trabajaba para él y declaró ante la justicia que el fiscal se la pidió prestada porque temía por la seguridad de sus dos hijas, pese a que ambas estaban de viaje por Europa.
La familia del fiscal siempre descreyó de esta versión y denunció supuestos nexos de Lagomarsino con miembros de servicios de inteligencia que habrían estado involucrados en la muerte de Nisman.
Fue por una apelación presentada por Lagomarsino que la Cámara de Casación se pronunció este jueves sobre el caso. Ahora la familia del fiscal tiene la opción de apelar este fallo ante la Corte Suprema de Justicia. Si bien la causa podría seguir su curso mientras tanto, es poco probable que se tomen medidas de peso hasta tanto el máximo tribunal no de la última palabra sobre la competencia del caso.
FUENTE: AP