La crisis política en Rumania se profundizó el viernes porque dos aliados clave del gobierno dijeron que un decreto de emergencia que suaviza la ley anticorrupción es inconstitucional.
La ordenanza, aprobada el miércoles de urgencia, busca descriminalizar los casos de corrupción que sean menores a 200.000 leus (47.800 dólares).
El ombudsman Victor Ciorbea, que previamente había respaldado la medida, revirtió su posición el viernes. Dijo que le dirá al Tribunal Constitucional que el decreto "no está justificado" y que la medida crea el riesgo de "dejar fuera del alcance de la ley a casi toda la administración pública".
La Unión de Demócratas Húngaros, un partido que respalda formalmente al gobierno, también criticó la ordenanza. Dijo que la ley penal no debe modificarse por decretos de emergencia, sino a través de debates parlamentarios.
En otro revés para el gobierno, la influyente Iglesia Ortodoxa Rumana dijo el viernes que la lucha contra la corrupción debe seguir y que los culpables deben ser sancionados. "El robo y el desfalco degradan material y moralmente la sociedad", dijo la iglesia.
El ministro de Justicia Florin Iordache manifestó su respaldo a la ley. Les dijo a reporteros el viernes: "Yo asumo responsabilidad por esta ordenanza".
El gobernante Partido Social Demócrata, de centro izquierda, defiende el decreto pese a que ha desatado algunas de las mayores protestas desde la caída del comunismo en 1989.
El Tribunal Constitucional va a fallar sobre la legalidad del decreto el martes, el último recurso legal para frenarlo.
En una cumbre de líderes de la Unión Europea en Malta, el presidente rumano Klaus Iohannis dijo que la situación es "muy complicada".
"Tenemos a miles de mis rumanos en las calles y confío en ellos. Confío en mi pueblo", dijo. "Creo en Rumania... los valores europeos tienen que prevalecer y pienso que eso va a suceder".
En Washington, el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner dijo que Estados Unidos estaba "profundamente preocupado" por medidas recientes "que minan el estado de derecho y debilitan la responsabilidad por crímenes financieros y de corrupción".
