El presidente brasileño Michel Temer fue acusado de corrupción pasiva, pero esta denuncia, de la Fiscalía deberá recorrer una larga travesía antes de desembocar en un eventual juicio en la corte suprema.
El 26 de junio, el procurador Rodrigo Janot denunció a Temer por recibir un soborno de 150.000 dólares de parte de JBS, la mayor procesadora de carne del mundo.
La denuncia fue entregada al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, que tramita las causas de funcionarios federales con fueros englobadas en la Operación Lava Jato, que comenzó en la estatal Petrobras.
Fachin deberá pedir autorización al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, para que el STF evalúe si la denuncia es procedente. Pero antes de remitir la solicitud a la cámara, el juez podría optar por escuchar a la defensa de Temer y la respuesta de Janot, lo que podría insumir hasta 20 días, según dijo a la AFP la asesoría de comunicación del STF.
Maia, al recibir el pedido, notificará a Temer y enviará el caso a la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara (CCJ), de 66 miembros.
A partir de ese momento, los abogados del presidente tendrán hasta 10 sesiones para manifestarse. Después, la CCJ emitirá un parecer en las cinco sesiones siguientes, de acuerdo con el reglamento interno de la Cámara.
Cualquiera sea la conclusión, el pedido de autorización deberá ser enviado al pleno de 513 diputados. La instalación de un proceso en el STF dependerá de que la solicitud obtenga el apoyo de 342 diputados (dos tercios de los escaños). De lo contrario, será archivada.
La votación será nominal y cada legislador será llamado por su nombre.
Si llega a la suprema corte, la denuncia será tratada por el plenario de 11 jueces, quienes definirán si abre un juicio o si la descartan. En caso de que se pronuncien a favor de un juicio, Temer será suspendido de su cargo por un máximo de 180 días.
Durante una eventual suspensión de Temer, Maia asumiría la presidencia.
Si fuera hallado inocente, el presidente retomaría su mandato.
Pero si es declarado culpable, perderá definitivamente su cargo y el Congreso debería elegir a su sucesor 30 días después, para completar el mandato hasta fines de 2018.
Sería la segunda sucesión desde mayo de 2016, cuando el conservador Temer, vicepresidente de la izquierdista Dilma Rousseff, la reemplazó tras un juicio de destitución en el Congreso por manipular las cuentas públicas.
FUENTE: AFP
