Emilia Navas, nombrada como fiscal general de Costa Rica el pasado 13 de octubre tras la histórica suspensión de Jorge Chavarría, ha venido a darle una sacudida al Poder Judicial y a desenterrar sonados casos que estaban desestimados.
Navas, nombrada en el cargo por tres meses con posibilidad de prórroga, cambió al equipo de fiscales de más alto rango por gente de su confianza y ha comenzado a escarbar en expedientes que habían sido archivados.
Todo esto deriva del caso conocido como "el cementazo", una aparente red de tráfico de influencias para flexibilizar los requisitos de importación del cemento y otorgar millonarios créditos bancarios al empresario Juan Carlos Bolaños, quien es contratista del Estado e importador de cemento chino.
La Corte Suprema de Justicia suspendió al fiscal Chavarría por tres meses para investigarle por solicitar a la Sala III la desestimación de una causa vinculada al "cementazo" que involucra a diputados y al empresario Bolaños.
La nueva fiscal de inmediato se puso tras este tema y ordenó la detención de Bolaños, del gerente suspendido del estatal Banco de Costa Rica (BCR), Mario Berrenechea, y de cinco miembros del Comité de Créditos de la entidad, bajo sospecha del delito de peculado (desvío de fondos públicos).
Navas también interpuso una denuncia ante la Inspección Judicial del Poder Judicial contra el fiscal suspendido por no haberse abstenido de conocer una denuncia, que luego desestimó, contra el magistrado de la Sala III Celso Gamboa, de quien es amigo cercano.
Gamboa, quien fue suspendido por la Corte Suprema mientras se le investigan sus nexos con el empresario del cemento, también está en la mira de la fiscal y hace unos días llevó a cabo un allanamiento en su oficina.
El magistrado integraba la Sala III que, a pedido del anterior fiscal, desestimó la causa relacionada al "cementazo".
Navas ha dado un nuevo aire a la Fiscalía General y ha advertido que efectuará un análisis jurídico que pretende establecer si los hechos de varios casos desestimados por su antecesor, que involucraban a funcionarios o exfuncionarios de los supremos poderes, merecían o no una investigación más profunda en caso de no estar prescritos.
El primero de estos casos es el de la mina de oro Crucitas, un polémico caso que involucra acciones del expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, en su segundo mandato (2006-2010), y a su ministro de Ambiente y Energía Roberto Dobles.
El caso se refiere al supuesto delito de prevaricato (emisión de resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos) en la firma de un decreto en 2008 que declaró de conveniencia nacional el proyecto minero y que facilitó la tramitación de permisos .
La empresa Industrias Infinito, de la canadiense Infinito Gold, taló bosque y comenzó la construcción de la mina causando daños ambientales en la zona de Cutris, provincia de Alajuela (norte).
Grupos ambientalistas denunciaron el proyecto ante los tribunales, los cuales anularon los permisos en 2010 al hallar una serie de irregularidades, por lo que la mina nunca llegó a concluirse ni a explotar oro.
El anterior fiscal no incluyó en la acusación al expresidente Arias, pero sí a quien fuera su ministro de Ambiente y Energía, quien también firmó el decreto.
En 2015 un Tribunal Penal condenó a tres años de cárcel a Dobles por el delito de prevaricato, pero días después la sentencia fue anulada por el Tribunal de Apelación que ordenó un nuevo juicio, el cual se realizó en septiembre pasado.
En este nuevo juicio, el Tribunal Penal emitió una resolución para devolver el caso a la fase intermedia de audiencia preliminar, en la que la Fiscalía debía determinar si se imputa a Óscar Arias.
La fiscal Navas decidió reabrir el caso y citar a declarar a Arias, quien se presentó a la Fiscalía el pasado miércoles afirmando que respeta a las autoridades judiciales y que se siente inocente.
Navas no ha detallado qué otros casos va a revisar, pero los medios locales especulan con algunos relacionados con una carretera conocida como la "trocha fronteriza".
FUENTE: EFE