Los obispos de la Iglesia católica en Argentina iniciaron hoy su 116ª Asamblea Plenaria, en la que hasta el próximo viernes abordarán una amplia agenda que incluye asuntos como el sostenimiento económico y el proyecto de reforma de la ley de educación sexual.
La reunión de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se inició en la tarde de hoy con un diálogo entre los participantes, cerca de un centenar de prelados de todo el país, congregados en la localidad bonaerense de Pilar.
Según informó hoy la Agencia Informativa Católica Argentina, que depende del Episcopado, durante la asamblea los obispos recibirán la visita del cardenal ghanés Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quien presentará el nuevo organismo vaticano.
En el plenario también se abordarán el reciente Sínodo sobre los jóvenes, realizado en Roma, la cuestión del aborto, cuyo proyecto de despenalización fue rechazado este año por el Parlamento argentino tras un debate habilitado por el Gobierno, y la iniciativa cuestionada por la Iglesia para reformar la ley de educación sexual integral.
Además, los prelados prevén continuar con el análisis del actual sistema de sostenimiento de culto y que es objeto de un diálogo en curso entre las autoridades eclesiásticas locales y el Gobierno argentino.
El agosto pasado, el portavoz de la CEA, el sacerdote Máximo Jurcinovic, había señalado que esas conversaciones eran mantenidas con la Secretaría de Culto y la Jefatura de Gabinete con el objetivo de buscar "nuevas alternativas en el sostenimiento del culto católico", en particular a las asignaciones que los obispos reciben del Estado.
Este tema ya había sido abordado por la cúpula de la CEA en su reunión plenaria de agosto pasado, cuando se habló del objetivo de reasignar de "manera gradual" las asignaciones estatales que reciben los obispos.
La separación entre el Estado argentino y la Iglesia católica se concretó en 1966 con la firma de un convenio entre la Santa Sede y el Gobierno que, entre otras cosas, estableció la autonomía del Vaticano para nombrar a sus obispos sin la injerencia estatal.
En la reforma constitucional de 1994 se suprimió en la Carta Magna argentina el requisito de ser católico para acceder a la Presidencia, mientras se mantuvo la obligación para el Gobierno de sostener el culto católico.
Este sostenimiento, reglamentado por una serie de leyes, se concreta a través del pago de una asignación mensual a cada obispo, de ayudas a parroquias en zonas de frontera y de asignaciones a seminaristas en formación.
Según fuentes eclesiales, de acuerdo al Presupuesto 2018, estos aportes han ascendido este año a 130,4 millones de pesos (3,5 millones de dólares), lo que representa un 7 % del presupuesto eclesial.
FUENTE: EFE
