El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado se comprometió a aprobar en las próximas semanas una norma que garantice el acceso al aborto terapéutico en caso de riesgo a la salud o la vida de la mujer, como lo prevé la ley, pero su intención desató una tormenta política.
Una alianza de legisladores evangélicos y la Iglesia católica se han movilizado para presionar al mandatario a no firmar la medida, al considerar que abriría la puerta al "aborto libre".
En tanto, feministas y defensores de derechos humanos presionan para que entre en vigor la disposición, considerada indispensable para que los médicos puedan interrumpir un embarazo cuando suponga un peligro para la gestante.
El Código Penal de Costa Rica reconoce desde 1971 el derecho al aborto únicamente en estos casos, y requiere que la mujer otorgue su consentimiento y que el procedimiento lo realice un profesional de la salud.
Pese a lo que estipula la ley, muchos médicos temen hacerlo por la falta de un protocolo que establezca los procedimientos a seguir y las condiciones precisas en que se aplica.
"No podemos seguirnos centrando en opiniones, tenemos que apegarnos a lo que dice la ley, y la norma técnica viene a implementar la ley", dijo a AFP la abogada Larissa Arroyo, especialista en derechos reproductivos.
Insistió en que la legislación no se cumple por desconocimiento o temor de los médicos a ser sancionados por incumplir las restricciones al aborto.
Sin embargo, el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, dirigió el 11 de octubre pasado una carta al presidente Alvarado para instarlo a no aprobar la norma técnica.