Corte decidirá construcción de muro con fondos privados

AP

Para Tommy Fisher, una audiencia en una corte federal programada para el jueves cerca de la frontera con México podría resultar en que su compañía reciba la oportunidad de demostrar que puede construir el muro fronterizo que desea el presidente Donald Trump más rápido y con mejor calidad de lo que lo haría el gobierno.

Para grupos ambientalistas y algunos terratenientes del sur de Texas, la audiencia podría abrir las puertas a un proyecto que, aseguran, puede provocar inundaciones y destruir sus propiedades.

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Se prevé que un juez federal en la ciudad de McAllen, Texas, limítrofe con México, decida sobre levantar o no la orden de restricción temporal en contra del proyecto para construir un muro fronterizo con fondos privados a las orillas del Río Grande (Bravo).

La compañía constructora de Fisher, que ya ganó una licitación de 400 millones de dólares para levantar una sección del muro fronterizo en Arizona, quiere instalar 4,8 kilómetros (3 millas) de postes de acero de unos 10 metros (35 pies) de altura desde la orilla estadounidense del río. Los postes serían colocados en tierras privadas y con un camino de concreto detrás de ellos para facilitar las labores de vigilancia.

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Remontándose a la Ley de Cerco Seguro de 2006, Estados Unidos ha evitado en la medida de lo posible las construcciones aledañas al Río Grande.

El serpenteante río que separa a Estados Unidos y México es fundamental para la vida silvestre de Texas y proporciona agua a ambas naciones por medio de una serie de presas y canales, definidos en los términos de tratados internacionales. A fin de no violar dichas obligaciones causando erosión o redirigiendo el agua del río, Estados Unidos ha construido la mayor parte de su muro fronterizo en el sur de Texas a por lo menos kilómetro y medio (una milla) de la cuenca del río.

Estados Unidos interpuso una demanda para frenar el proyecto de Fisher, lo que derivó en la orden de restricción del juez federal Randy Crane. Otro de los opositores al proyecto es el Centro Nacional de Mariposas, un grupo sin fines de lucro ubicado a poca distancia de las tierras privadas.

Después de escuchar testimonios la semana pasada, Crane escuchará a más testigos el jueves. En caso de que se decida levantar la orden de restricción, Fisher asegura que sus cuadrillas podrían comenzar a trabajar el domingo y finalizar en cuestión de ocho días.

El proyecto fue anunciado originalmente por We Build the Wall, un grupo sin fines de lucro con sede en Florida creado en diciembre de 2018, cuando Trump exigió 5.000 millones de dólares al Congreso para la construcción del muro. La negativa de los legisladores demócratas derivó en el cierre de gobierno más prolongado en la historia del país.

Diciéndoles a sus simpatizantes que construiría los nuevos cercos por su cuenta, We Build the Wall inició una campaña de recolección de fondos por internet y ha recaudado 26 millones de dólares.

El fundador del grupo, Brian Kolfage, ha promovido el proyecto del sur de Texas en redes sociales, instando a los donantes a aportar más fondos y atacando a los detractores, incluso con acusaciones sin fundamentos de que grupos como el Centro Nacional de Mariposas están a favor del tráfico de personas.

Pero en su lugar, el proyecto se ha convertido en un posible escaparate para Fisher, quien ha promovido a su compañía Fisher Industries en Fox News y otros medios de comunicación conservadores. Fisher dijo el miércoles que está preparado para invertir al menos 40 millones de dólares en la construcción del muro privado. We Build the Wall sólo ha contribuido con 1,5 millones de dólares. Durante una audiencia realizada el año pasado, el abogado general del grupo y exsecretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, dijo que principalmente aporta “apoyo en redes sociales”.

Fisher argumenta que el gobierno está siendo extremadamente cauteloso al construir el cercado tan lejos del río. Su equipo planea nivelar la cuenca y desmontar la propiedad, lo que asegura mejorará el flujo de agua y disminuirá la erosión.

“Les hemos demostrado que podemos construirlo aquí, donde lo necesitan los agentes”, dijo Fisher. “No es seguridad fronteriza si estás a una, dos o tres millas de la frontera”.

Sus detractores no están de acuerdo. Desestimaron un estudio realizado por Fisher Industries que asegura que el agua fluiría sin problemas a través de los espacios de 12 centímetros (5 pulgadas) que separan a cada poste fronterizo. También les preocupa que los postes de acero de 5,5 metros (18 pies) puedan desprenderse durante una tormenta y ser llevados río abajo hacia las comunidades en Estados Unidos y México.

“No pueden hacen suposiciones que van en contra de toda la evidencia del mundo real sin presentar evidencia propia”, dijo Scott Nicol, residente del Valle del Río Grande y copresidente del equipo de tierras fronterizas para el Sierra Club. “Una afirmación no es suficiente”.

El gobierno federal demandó a Fisher Industries y a We Build the Wall a nombre de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que supervisa la gestión del río. Una portavoz del panel dijo el miércoles que sus ingenieros continúan revisando el estudio de Fisher.

Javier Peña, abogado del Centro Nacional de Mariposas, argumentó que un fallo a favor del muro privado tendrá consecuencias a gran escala.

“Esto establecería un precedente de que los ciudadanos privados pueden violar un tratado con México”, declaró. “Que las personas pueden comenzar a construir lo que quieran en la llanura aluvial”.

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