La constructora brasileña Odebrecht llevó a Perú ante el CIADI, organismo del Banco Mundial que dirime controversias comerciales, para conseguir una indemnización de 1.200 millones de dólares por un contrato cancelado hace tres años, informaron ambas partes este miércoles.
Centro de un escándalo de corrupción que salpica a cuatro expresidentes peruanos, la gigante brasileña señaló que acudió al CIADI para "preservar sus legítimos derechos", pero el gobierno peruano tildó de "frescura" su decisión.
La controversia se originó por la cancelación por parte del gobierno, el 24 de enero de 2017, del contrato para la construcción del Gasoducto Sur Peruano, que tenía un tercio de avance. De 1.000 km de longitud, la obra inconclusa debía transportar gas natural a través de las altas cumbres de los Andes desde Quillabamba, en la región de Cusco, hasta la costa de Arequipa.
"Odebrecht no ha tenido más remedio que iniciar formalmente un arbitraje internacional en el CIADI buscando preservar sus legítimos derechos y de sus acreedores", expresó la empresa en un comunicado.
"Es irónico que Odebrecht tenga la frescura de ir a un arbitraje ante evidencias de corrupción", replicó poco después el primer ministro peruano, Vicente Zeballos.
El contrato fue cancelado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski después de que la brasileña admitiera que había pagado 29 millones en sobornos a funcionarios y políticos peruanos para adjudicarse contratos.
Irónicamente, Kuczynski dimitió 14 meses más tarde sumido en el escándalo, cuando el Congreso peruano se disponía a destituirlo, después de que Odebrecht reconociera que había pagado casi cinco millones de dólares por asesorías a firmas ligadas a él mientras era ministro del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).
Kuczynski (2016-2018) permanece bajo arresto domiciliario desde abril por el caso Odebrecht, mientras que Toledo está en prisión en Estados Unidos en virtud de una solicitud de extradición de Perú.
También están bajo la lupa de la Fiscalía por este escándalo de sobornos el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y la líder opositora Keiko Fujimori. Esta última fue enviada por segunda vez a prisión preventiva el pasado 28 de enero, dos meses después de ser liberada tras 13 meses en la cárcel.
Por su parte, el dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en abril pasado cuando iba a ser detenido en el marco de esta megacausa, que también involucra a decenas de otros funcionarios y políticos peruanos.
FUENTE: AFP