El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó este martes al embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan, de pretender imponer a un candidato de su preferencia en las elecciones de noviembre y le advirtió que "no se meta".
Daniel Ortega aclaró que la advertencia no es solo para el embajador, sino para "otros embajadores que viven haciendo reuniones en sus embajadas con grupos políticos".
"Esto va para el embajador yanqui (estadounidense) y otros embajadores; a ellos les gusta meterse por todos lados y querer decidir por los de casa; el embajador Yanqui (Sullivan) ahí anda de arriba para abajo vendiendo (a) sus candidatos, como que él fuera nicaragüense", recalcó Ortega.
El mandatario por primera vez habló sobre el proceso electoral previsto para noviembre y acusó de forma directa al embajador de Estados Unidos de creer que todavía está "en tiempos de la ocupación yanqui. ¡Que se olvide el embajador yanqui!".
El también líder sandinista se refirió a la presencia de marines estadounidenses en el país a comienzos del siglo pasado, cuya última intervención (1927-1933) fue repelida por Sandino.
Ortega, señalado por opositores de autoritarismo, corrupción y nepotismo, afronta desde hace tres años sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea en medio de una crisis política desatada por protestas que considera un golpe de Estado y que fueron reprimidas con violencia con un saldo de 328 muertos, según la Comisión de Derechos Humanos (CIDH).
Nicaragua celebra elecciones generales el 7 de noviembre para renovar a sus autoridades para los próximos cinco años, en unos comicios a los que opositores no descartan que Ortega, de 75 años, se presente para su tercera reelección consecutiva.
El discurso de Daniel Ortega, fue precedido por la decisión del Consejo Supremo Electoral de cancelar la persona jurídica del Partido Restauración Democrática (PRE-evangélico), que pretendía representar en las elecciones al bloque opositor, denominado Coalición Nacional, integrado por movimientos y grupos cívicos que lideraron las protestas de 2018 y que exigieron su renuncia.
Distintos sectores políticos estiman que esta medida dejaría fuera de la competencia electoral a un sector de la oposición.