Panamá (EFE). La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, concluyó una visita de dos días a Panamá tras mantener una reunión con el vicepresidente y canciller panameño, Juan Carlos Varela.
La reunión entre Kang y Varela, que estuvo rodeada de hermetismo, se efectuó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y fue el encuentro con el funcionario de más alto nivel del Gobierno panameño que sostuvo en esta visita la Alta Comisionada.
El objetivo de la visita de Kang era conocer la situación de los derechos humanos y discutir este asunto con diferentes actores de la sociedad panameña, dijo a Efe un portavoz de la oficina regional para América Central de la entidad de Derechos Humanos de la ONU.
Una fuente de la cancillería aclaró a Efe que la visita de Kang se pactó antes de los hechos de violencia de julio en Bocas del Toro, en las protestas contra la polémica Ley 30, que dejaron dos muertos y más de cien heridos, en su mayoría por perdigonazos de la policía que causaron lesiones oculares a 67 personas.
También aseguró que ese asunto no formaba parte de la agenda del encuentro entre la alta funcionaria de la ONU y el canciller Varela.
El pasado 11 de julio, la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó al diálogo al Gobierno y a los protagonistas de las protestas en Bocas del Toro y deploró los "graves hechos de violencia" registrados en esa provincia del occidente de Panamá.
"De conformidad con los estándares internacionales, el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser restringido y excepcional", dijo entonces en un comunicado la representante regional de la Alto Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Carmen Rosa Villa.
Kang también se reunió durante su visita a Panamá con otras autoridades nacionales, de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil para discutir temas relacionados con los derechos humanos.
El cierre de la visita de Kang coincidió con la instalación hoy de una mesa de diálogo sobre tres artículos que afectan al derecho laboral incluidos en la Ley 30 y que originaron las protestas de Bocas del Toro.
La mesa de diálogo está integrada por dirigentes sindicales, representantes del sector privado, de la Iglesia católica, la oposición política y miembros del Gobierno Nacional.
El sindicato de bananeros de Changuinola, en Bocas de Toro, realizó en julio una huelga contra la Ley 30, conocida como "ley chorizo", que degeneró en enfrentamientos con la Policía que dejaron oficialmente dos muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.
La Ley 30, tramitada como una modificación a la normativa de aviación comercial, incluye cambios en los códigos Penal, de Justicia y Laboral, y en seis leyes, incluida la orgánica de la Policía, y en el ámbito laboral contempla, entre otros aspectos, la no obligatoriedad de la cuota sindical.
La norma, que ha sido objeto de recursos de inconstitucionalidad, también establece que se puedan suspender los contratos de los empleados en huelga, contratar trabajadores en esos casos y utilizar la Policía para garantizar la "protección" de la empresa afectada, cuya "operatividad" queda ahora garantizada.
El sindicato bananero levantó la huelga luego de que el Gobierno aceptara suspender temporalmente y revisar una parte de esa ley.